Reforzar la confianza en la justicia

Creo no errar si aseguro que, en estos momentos, nos encontramos ante unas circunstancias extraordinarias. Desde la aprobación del texto constitucional, es la primera vez en la historia de la joven democracia que se ponen en marcha mecanismos para ilegalizar una fuerza política con notable representación institucional, a la vez que desde una instancia judicial se adoptan medidas especiales para suspender la actividad de ese mismo partido. No parece, por tanto, fuera de lugar concluir que, ante estos acontecimientos sin precedentes, los representantes de los poderes públicos puedan y deban expresar su opinión.

El problema se suscita, al parecer, cuando la opinión no coincide con el discurso dominante y único que se procura imponer, a base de un probado apoyo mediático y una gran dosis de desprecio hacia el discurso del adversario político. El problema radica, también al parecer, en que cualquiera de las reflexiones que en estos momentos no avalen las posiciones que defienden el PP y el PSOE, o que cuestionen una resolución judicial, se transforman en directa herejía e, incluso, en flagrante ataque a la independencia del Poder Judicial.

No sorprenden ya los múltiples insultos -y éstos sí que son en demasiadas ocasiones injuriosos- que la derecha prodiga, de forma habitual, cuando alude a las formaciones del nacionalismo democrático y a sus portavoces o integrantes. Han logrado transformar la palabra en un arma cargada de veneno y, lo que es aún peor, demuestran haber renegado ya a utilizarla como eje del entendimiento entre los que legítimamente piensan de forma diferente. Rechazan y condenan a los que discrepan políticamente porque, entre otras razones, desconfían del pluralismo si es que alguna vez han creído en él.

Otra cuestión es la que plantean las críticas a las decisiones que pueda adoptar un juez. Que se sepa, la democracia no consolida ninguna teoría según la cual las resoluciones judiciales están exentas del juicio social. Que se conozca, ninguna doctrina determina un obligado silencio ante las específicas decisiones que un juez toma. Lo que sí exige una democracia es la independencia de poderes. Lo que trata de garantizar un sistema democrático es que el Poder Ejecutivo no interfiera en el Poder Judicial y que cualquier opinión, por crítica que ésta sea, se manifieste dentro de las debidas pautas del respeto.

Me temo que no hubo tal respeto en la censura socialista a la actuación de los jueces, como resumiera la imagen de aquellos publicitados tristes aplausos a las puertas de la prisión de Guadalajara. Y tampoco hubo tal respeto cuando Aznar exhibió su enfado cuando el Tribunal Supremo decidió no procesar al portavoz de Batasuna, el pasado mes de mayo. ¿Dónde está su autoridad para repartir credencial democrática y respeto a la justicia?

La independencia del Poder Judicial no es un principio absoluto y desconectado de todos los demás, como el principio de legalidad, el de separación de poderes o la garantía de los derechos de las personas. Independencia y responsabilidad no son características excluyentes, sino características complementarias de la buena justicia. Y viene lo que digo al caso porque se ha tratado de presentar mis consideraciones sobre el auto que el titular del Juzgado de Instrucción Central número 5 de la Audiencia Nacional firmó el 26 de agosto como un ataque a la independencia del Poder Judicial. O, al menos, así lo ha trasladado, entre otros, el propio Baltasar Garzón en un nuevo auto rubricado el pasado 6 de septiembre, resolución que, por cierto, en absoluto es aclaratoria sobre el anterior, sino una rectificación en toda regla. A la lectura de ambos invito a quienes pudieran tener alguna duda.

Entiendo que la situación extraordinaria de la vida democrática exige actitudes igualmente extraordinarias. También creo exigible un nivel de cortesía y sensibilidad, por parte de los titulares jurisdiccionales, ante la tramitación de una causa como la que representa que, por primera vez en los últimos 25 años de vida democrática, se suspenden de forma cautelar todas las actividades de una fuerza política. Atisbo que la historia, también la del Derecho, someterá a estudio y análisis contrastado todas las actuaciones que se vienen sucediendo sin poder eludir, entre ellas, que la evidente inclinación mediática del titular del Juzgado de Instrucción Central número 5 de la Audiencia Nacional se ha traducido en una confusión, no exenta de cierta alarma social, que ha perjudicado a las instituciones legítimas de este país.

Estas instituciones, que representan a la soberanía popular y que no constituyen parte en la causa, sí son, sin embargo, actores directos en el proceso -cada una en función de su competencia- en la aplicación de una parte del auto emanado del citado Juzgado de la Audiencia Nacional, el pasado día 26 de agosto. No obstante, esas instituciones han tenido conocimiento directo de la resolución mencionada varios días después de que la misma estuviera ya publicitada en los medios de comunicación e, incluso, algunas de ellas se transforman en destinatarias de aclaraciones sobre el auto, que el propio instructor aporta en su resolución posterior.

Se trata de una situación que excede lo que pudiera considerarse una mera descortesía. La publicidad automática de las resoluciones afecta, en ese caso, a la confianza y legitimación de algunas de las instituciones vascas. La forma en que se ha tramitado el auto de suspensión de actividades de Batasuna, y no su contenido, podría merecer la intervención del Consejo General del Poder Judicial. La Consejería de Justicia del Gobierno vasco no ha pedido amparo del órgano de Gobierno de los jueces ni ha planteado que aborde cuestiones jurisdiccionales, que deben ser tratadas y resueltas en las instancias correspondientes. De lo que hablamos es de cuestiones que, sin duda, pueden estar en el ámbito de gestión del propio CGPJ.

Entiendo que el riesgo de equivocación acompaña a toda actuación humana. Pero si los resultados de algunas de esas equivocaciones pueden ser más o menos banales, otros, en cambio, resultan fatales. Y fatal sería que errores en la Administración de justicia hicieran perder la confianza en ella. Quiero que eso no ocurra jamás. Al contrario, apuesto de una forma activa por reforzar la confianza en la justicia.

Soy de los que creen que la persecución del delito no lo justifica todo, como tampoco todo es válido para luchar contra el terrorismo. Los derechos y libertades no pueden estar al albur de una causa justa, cual es la de situar ante los tribunales a quienes delinquen. Y hacerlo con las suficientes pruebas para que pueda materializarse el reproche social que el castigo conlleva. La justicia no puede ser vengativa porque entonces no sería justicia. Me duelo de que en estos momentos se extienda por algunos, con un buscado efecto de asentimiento entre la ciudadanía, que la hora del desquite ya ha llegado y que es en esa vía donde se encontrará la solución, porque una democracia no puede responder con venganza a quienes la atacan. Y porque saben, además, que no es cierto que con ello lleguemos a la paz, que es lo que este pueblo reclama.

Joseba Azkarraga es consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno vasco.