La presión fiscal ha subido 1,2 puntos desde que gobierna el PP

La presión fiscal volvió a subir el pasado año, hasta situarse en el 39,6% del PIB, según datos del Ministerio de Hacienda. El aumento ha sido de una décima en relación al año 2000 y se ha producido por el mayor número de cotizantes a la Seguridad Social y la no actualización de la tarifa y las deducciones el IRPF. Desde que gobierna el PP, la proporción que representan las cotizaciones y los impuestos respecto del PIB ha crecido 1,2 puntos.

La presión fiscal sigue en aumento. En el año 1995, el Estado se quedaba con cada 38,4 pesetas (ahora euros) de cada 100. Ahora esa proporción es de 39,6 de cada 100. Aquí se incluye todo lo que se ingresa por impuestos directos (IRPF y sociedades) e indirectos (IVA, especiales, electricidad) y cotizaciones sociales, en el conjunto de las administraciones públicas (Estado, Seguridad Social, comunidades y ayuntamientos).

El porcentaje que representa la fiscalidad en España se encuentra aún por detrás de la Unión Europea, pero en los últimos años las distancias se están acortando de forma más intensa. Entre 1996 y 2000, la presión fiscal española creció 2,7 puntos, hasta situarse en el 35,3%, según los últimos datos disponibles de la OCDE. En el mismo periodo, en la UE avanzó sólo 0,4 puntos, hasta el 41,6% del PIB.

El aumento de la presión fiscal no siempre responde a subidas formales de impuestos. El pasado año, por ejemplo, la presión subió una décima del PIB, sin que los principales tipos impositivos se hubieran modificado. Los datos fueron expuestos ayer por el director general de Presupuestos, Jaime Sánchez Revenga, durante un curso sobre política presupuestaria patrocinado por la Fundación BBVA en la Universidad de Verano del País Vasco.

En las cotizaciones sociales y en el IRPF está buena parte de la explicación de la subida de la presión fiscal en 2001, aunque por razones distintas. En el caso de la Seguridad Social, los ingresos por cotizaciones aumentaron un 8,8%, cuando la economía en su conjunto creció un 5,9% nominal (sin descontar la inflación). No hubo subidas en los tipos, pero sí un fuerte aumento del empleo (576.000) que explica un aumento de las cotizaciones por encima del crecimiento económico.

En el caso del IRPF, sí hubo algunas novedades el pasado año, aunque de signo distinto. El Gobierno decidió, por ejemplo, suprimir el descuento de entre el 7% y el 12% que, hasta entonces, los pequeños empresarios que tributan por el sistema de módulos se podían aplicar en su beneficio. En sentido inverso, bajó el tipo de retención sobre arrendamientos urbanos (del 18% al 15%, por una sentencia judicial) y se redujo el que se aplica a los fondos de inversión (del 20% al 18%).

Con estos ajustes, la recaudación por IRPF, en el tercer año de la última reforma fiscal, aumentó un 13,4%, más del doble que el crecimiento económico. El aumento del empleo también hizo engordar las arcas del Estado a través de este impuesto, que igualmente se benefició de la no actualización de la tarifa y de los mínimos personales o familiares.

La congelación supone que los aumentos de sueldo que se producen para compensar la inflación se gravan proporcionalmente más (la tarifa es progresiva) sin que supongan mejoras de poder adquisitivo. Desde que entró en vigor el IRPF en el año 1999 no se han actualizado los tipos ni las deducciones, lo que supone unos 600 millones de euros anuales de ingresos extra para Hacienda.Tampoco se actualizaron los tipos de los impuestos especiales (hidrocarburos, tabaco y alcohol), medida que en este caso benefició a los contribuyentes. Únicamente se rebajó a la mitad el impuesto de matriculación para familias numerosas por la compra de todo tipo de vehículos. Para 2002 el Gobierno sí que ha actualizado los impuestos especiales, con el argumento de que habían permanecido congelados en los últimos años.

Déficit en lugar de superávit

Sánchez Revenga dio también datos definitivos del ejercicio presupuestario 2001 que se saldó con un déficit de 0,12% del PIB, en lugar del equilibrio que se anunció. El saldo negativo ascendió a 38.100 millones de pesetas (228 millones de euros en la actualidad). La causa de esta revisión al alza de las cifras originales es que las comunidades autónomas han cerrado el ejercicio pasado con un déficit algo más alto.