La mayor estafa de Benidorm

Imagínese que usted es propietario de un solar en una zona de gran valor inmobiliario, en primera línea de costa. Suponga ahora que por motivos laborales ha permanecido algún tiempo en el extranjero y que a su regreso, cuando visita sus terrenos, se encuentra con dos edificios en construcción y con la noticia de que la titularidad de su propiedad ha cambiado misteriosamente a otras manos. Sueñe a continuación que localiza al promotor del edificio y que éste le muestra una documentación en toda regla según la cual usted le ha vendido el terreno.

Prueba de que estas cosas pasan las tiene el abogado valenciano Ricardo Lapeyre. Le sucedió en 1988, cuando a su regreso de Londres comprobó que sus terrenos junto a la playa de Benidorm estaban siendo edificados. La estafa, una de las mayores que se recuerdan en la capital turística de la Costa Blanca, iba a ser juzgada ayer en Benidorm, pero la vista quedó aplazada, tras alegar los letrados de los acusados que los delitos que se les imputan han prescrito. No menos rocambolesca que la estafa ha sido la instrucción policial y judicial del caso. Y no sólo por su lentitud -14 años- sino también por su aparente falta de tino.

Uno de los participantes en la estafa, Agustín Imaz, recuerda a EL PAÍS qué ocurrió cuando el abogado Lapeyre descubrió el engaño. 'Ví en el periódico y en la televisión que me buscaban como el cerebro de la estafa de 400 millones de pesetas [2,4 millones de euros] en la que participé en Benidorm en 1988, así que cogí un maletín con los 25 kilos [150.000 euros] que me correspondían y escapé a Francia'. 14 años después, Agustín Imaz no ha sido juzgado por estos hechos. Ni lo será, ya que un juzgado de Benidorm le ha comunicado que su responsabilidad penal está extinguida.

A finales de los ochenta, Imaz, un manchego afincado en la ciudad turística, merodeaba el ambiente subastero de Benidorm. Un día, uno de los procesados en el caso, Francisco Coll Mompó, le ofreció la posibilidad de ganar un dinero fácil. Le dijo que en Londres había muerto un señor que era propietario de unos terrenos en Benidorm y que sus herederos querían hacer una venta rápida, para eludir las transmisiones a Hacienda, ya que había un comprador muy interesado en la finca. Imaz escudriñó el plan y lo ejecutó a la perfección. Le proporcionaron un falso documento nacional de identidad a nombre del verdadero propietario del terreno, Ricardo Lapeyre. Con ese documento, acudió junto a los instigadores de la estafa a una notaría de Xàtiva, donde ya estaba preparado el documento por el que el falso Lapeyre otorgaba poderes para la operación a un tal Pascual Coll Mompó. Allí, el 1 de septiembre de 1988, el notario José Alfonso López Tena, hoy miembro del Consejo General del Poder Judicial, dejó constancia por escrito de que conocía a Lapeyre, pese a que la persona que estaba frente a él era Imaz.

El plan defraudatorio iba viento en popa. Tras varios intentos fallidos se consumó la compra-venta entre el falso Lapeyre y el empresario de origen gallego Alfonso Ramos quien, según sus declaraciones judiciales, actuó de buena fe, sin saber que su vendedor estaba suplantando la identidad del verdadero propietario.

Pero de la noche a la mañana saltó el escándalo. El verdadero Lapeyre recibió una notificación del Ayuntamiento de Benidorm que le exigía el pago de las plusvalías generadas por la venta de su terreno. Cuando éste fue a su solar no dio crédito a lo que vio: se estaban construyendo dos edificios.

Lapeyre se querelló inicialmente contra el comprador, denuncia que posteriormente retiró, cuando éste le pagó los 400 millones de pesetas que valía el terreno. Y Ramos denunció a los presuntos estafadores, un proceso en el que hay seis procesados -incluido el director de una sucursal bancaria- y cuyo juicio quedó ayer aplazado.

Imagínese, por fin, que tamaña estafa nunca sea juzgada. Probablemente acierte.