El fiscal dice que la funeraria fue vendida aunque el municipio podía salir perjudicado

El caso funeraria, en el que están imputados los concejales Antonio Moreno, Simón Viñals y el ex edil y hoy diputado regional Luis María Huete (los tres del PP) está ya sólo pendiente de que el tribunal fije la fecha del juicio. La investigación judicial se inició tras una querella presentada en 1999 por la Fiscalía Anticorrupción. El fiscal solicita para los tres políticos un año de prisión por supuesta maquinación para alterar el precio de las cosas y cinco años más por malversación, así como 25 años de inhabilitación por su actuación en el proceso de privatización de la funeraria. El acusador pide seis años de prisión para el actual presidente de Funespaña, José Ignacio Rodríguez, al que atribuye un papel 'decisivo' en este asunto.

Según el duro escrito del fiscal, conocido ahora en su integridad, los tres ediles 'concibieron la idea de poner cuanto antes la gestión del referido servicio público [la funeraria] en manos de una empresa privada que fuera de su particular agrado y confianza, aceptando cualquier perjuicio económico que pudiera derivarse para las arcas del Ayuntamiento'. La portavoz municipal de IU, Inés Sabanés, exigió ayer la dimisión de los acusados y que la dirección nacional del PP 'explique de una vez si avala o reprueba el proceso de privatización de la funeraria', al entender que las responsabilidades 'van más allá del gobierno municipal' que preside José María Álvarez del Manzano.

La instrucción judicial ha logrado desmenuzar cómo se fraguó en 1992 una venta tan aparentemente desfavorable para las arcas municipales -'prácticamente gratuita', dice el fiscal- como beneficiosa para la firma adjudicataria, Funespaña.