El Gobierno catalán pretende asumir y controlar la distribución del agua en todo el territorio

La Agencia Catalana del Agua (ACA), dependiente del Departamento de Medio Ambiente, ha encargado un estudio que permita unificar las tarifas del agua a las distribuidoras. Detrás de este encargo esta el proyecto de asumir y controlar la distribución de agua potable en toda Cataluña, restando las competencias a los ayuntamientos que aún las tengan. La oposición cree que se trata de una maniobra más en el proceso de laminar las competencias municipales, además de un mecanismo para permitir aumentar los ingresos de la ACA.

El Gobierno catalán ya inició una maniobra para construir una especie de monopolio del agua hace unos meses, cuando el entonces consejero de Medio Ambiente, Felip Puig, forzó la salida de Francesc Vilaró como responsable máximo de Aguas Ter Llobregat para poner en su lugar a la directora de la Agencia Catalana del Agua (ACA), Marta Lacambra. En aquel momento, la oposición ya denunció que se trataba de una primera operación para controlar todo el proceso del agua en alta (hasta las distribuidoras) desde el Ejecutivo, en detrimento de las competencias municipales.

El segundo paso ha sido el encargo, por concurso, de un estudio para unificar las tarifas de agua en alta. Estas tarifas son muy diferentes, según los puntos del territorio. El precio medio más elevado es el que paga el Consorcio Costa Brava Centro, que alcanza los 64 céntimos de euro, más de cuatro veces el coste de Osona Sud, que está en 15 céntimos.

En medio se hallan Aguas Ter Llobregat, que abastece a la mayor parte del área metropolitana (93 municipios en total) y que tiene una tarifa media de 22 céntimos, y el Consorcio de Aguas de Tarragona, con una tarifa de 22 céntimos. En la parte alta de la tabla está la Mancomunidad de Les Garrigues, con una tarifa media de 49 céntimos de euro.

La Agencia Catalana de Agua percibe el canon del agua, pero su coste está limitado por ley y vinculado al índice de precios al consumo. La unificación de tarifas, entiende la oposición, podría suponer una aportación de dinero para unas arcas tan exhaustas como las del resto del Gobierno catalán, porque nadie supone que los precios se regularán a la baja, sino más bien al alza.

El pliego de condiciones del concurso establece que el estudio sobre las tarifas debería estar listo en un plazo máximo de un año, aunque admite la posibilidad de prórrogas pactadas por un periodo que puede alcanzar los cuatro años. El importe del estudio es de 270.000 euros (44.924.220 pesetas).

La unificación de tarifas permitiría a la ACA crear redes de interconexión entre las distintas distribuidoras y unificarlas a través de un consorcio que se llamaría Catiagua. El siguiente paso sería controlarlas, al margen de los consorcios municipales existentes. La oposición sospecha que esta operación tiene, pues, dos objetivos: controlar todo el proceso del agua hasta llegar a los distribuidores domésticos y lograr una nueva fuente de ingresos. Este diario intentó infructuosamente recabar la opinión de Medio Ambiente.