Justicia cifra en 2,7 millones el fondo para pensiones impagadas a mujeres

Un informe encargado por el Departamento de Justicia estima en 2,7 millones de euros la suma necesaria para crear un fondo de garantía para ayudar a las mujeres cuyas parejas no les pagan las pensiones dictadas por los jueces en casos de ruptura. La Generalitat se comprometió a elaborar este estudio para decidir si es viable la creación del citado fondo de garantía, solicitado por Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya Verds.

En sus consideraciones previas, el estudio, que el consejero de Justicia, Josep Delfí Guàrdia ha entregado al Parlament, señala que el impago de las pensiones dictadas por los jueces en casos de ruptura de matrimonios o parejas de hecho supone 'un problema de gran trascendencia', ya que genera 'situaciones de pobreza y marginación' cuyas principales víctimas son mujeres y menores de edad.

El informe -elaborado por una comisión técnica en la que estaban representados los colectivos de jueces, abogados, procuradores, el Instituto Catalán de Carreras Jurídicas, la Universidad Autónoma de Barcelona, y los departamentos de Trabajo, Justicia y Bienestar Social de la Generalitat- cifra en 2,7 millones de euros la cantidad necesaria para la creación del fondo de garantía a partir de datos sobre pensiones impagadas correspondientes al año 2000.

Cifra 'impredecible'

Sin embargo, los autores del trabajo insisten en que esta cantidad es aproximada y que la cifra exacta 'no se puede predecir'. Una de las razones es la imposibilidad de determinar el número de posibles beneficiarias del fondo de garantía que puede haber en el futuro. El informe también advierte que la creación del fondo de garantía podría incrementar peticiones de mujeres que, pese a que sus maridos no les pasan la pensión, actualmente no la reclaman, ya sea porque recurrir a la justicia les supondría un coste que no pueden asumir o porque desisten ante la imposibilidad económica de sus parejas, entre otras razones.

De acuerdo con los datos recogidos en el informe, durante el año 2000 se dictaron en Cataluña unas 22.000 resoluciones judiciales que establecían pensiones por alimentos (en el 84,9% de los casos) o compensatorias (15,1%). Del total de estas sentencias, unas 4.900 motivaron una petición de ejecución por parte de la persona beneficiaria (generalmente mujeres) porque su pareja se negaba a pagarle la pensión. El 25% de estas solicitudes resultaron infructuosas, lo que dejó sin la pensión fijada por el juez a unas 1.865 personas, que dejaron de cobrar de sus parejas un total de 2,7 millones de euros.

Para que este fondo de garantía cumpla sus objetivos de 'subsidiariedad y asistencialidad', los autores del informe apuestan por fijar un límite de cuantía máxima a otorgar a las beneficiarias y por limitar las ayudas a las personas que se encuentran en una situación de necesidad. El importe recibido por las personas beneficiarias del fondo sería reclamado a sus parejas, aunque según varias fuentes, en contados casos se lograría este propósito.

El diputado de ERC Joan Ridao -su partido ha reclamado la creación del citado fondo de garantía en las tres últimas legislaturas- consideró ayer 'módica' la cantidad estimada en el informe para satisfacer las necesidades de todas las mujeres cuyas parejas no les pasan la pensión.

Ridao lamentó que el trabajo encargado por Justicia apueste por limitar las ayudas procedentes del fondo exclusivamente a las personas que se hallan en una situación de necesidad porque 'para estos casos ya existen vías alternativas de apoyo'.

ERC pedirá la comparecencia del consejero Guàrdia en la Comisión de Justicia del Parlament para que aclare el contenido del informe y si el Gobierno catalán piensa llevar adelante la creación de este fondo. La formación republicana tiene también previsto, si es necesario, pedir que la constitución de este fondo se vincule a la ley de acompañamiento presupuestario de 2003.

También el PSC se ha mostrado partidario de incluir en los presupuestos del próximo año una partida para las mujeres divorciadas o separadas que no cobran las pensiones de sus parejas. El diputado socialista Àlex Masllorens señaló que el informe entregado por Justicia 'es confuso' y expresó su temor de que el Gobierno catalán 'vuelva a dejar en el cajón la creación de este fondo con la excusa de que no se puede concretar cuál sería su coste'.

Rafael Ribó, que en su día presentó en nombre de IC una propuesta similar a la de ERC para crear este fondo, no pudo ser localizado ayer por este diario.

De ponerse en marcha, este fondo sería el primero que funcionaría en España. Otros países han aprobado iniciativas similares, aunque exclusivamente para el impago de pensiones alimentarias, como es el caso de Francia, Reino Unido, Suecia, Alemania, Noruega y la provincia canadiense de Quebec.