Tres familias son desalojadas de sus viviendas cada día por impago

Unas 750 familias de la capital madrileña (aproximadamente tres cada día) han perdido sus casas en lo que va de año al no poder pagar la hipoteca o el alquiler. Los jueces ordenaron el desahucio de estas familias a instancia del banco que les facilitó el crédito hipotecario o del dueño de la vivienda arrendada. Además, en la actualidad hay otro millar de familias en la capital sobre las que pesan demandas de desahucio y que, si no pagan los créditos atrasados, serán expulsadas de sus viviendas en cuestión de meses, una vez que los jueces concluyan las diligencias.

'Al ir a echar de sus casas a estas personas, a veces te encuentras con situaciones realmente desesperadas; personas con deficiencias físicas o psíquicas que se quedan en la calle, sin techo, y que no tienen adónde ir', destacan fuentes de los juzgados de Madrid. 'En algunos casos, nos da lástima de la situación y pedimos al juez que demore varias semanas la orden hasta que los afectados encuentren un sitio donde residir', agregan. 'No podemos hacer más, porque nuestra misión es ejecutar la orden judicial de desahucio', apostillan.

Tras la orden de lanzamiento o desahucio, la comisión judicial y la policía acuden a la vivienda, retiran los muebles si aún no lo han hecho sus moradores y les expulsan, y luego precintan el acceso a la casa. 'Casi nunca es necesario acudir a la fuerza; los afectados suelen comprender la situación y se marchan', destacan estos medios.

Pese a todo, la cifra actual de desalojos es inferior a la que se registraba hace sólo unos años. La evolución este año de la cifra de desahucios es similar a la del año pasado, cuando se registraron 1.300 casos, según fuentes jurídicas. En 1999 la cifra de desahucios afectó a 2.640 familias de la capital.

La nueva Ley de Enjuiciamiento, vigente desde el año pasado, así como la actual coyuntura económica favorable y el descenso de los tipos de interés, ha permitido que se reduzcan los desahucios. Ahora, si la familia afectada paga al banco o al dueño del piso las mensualidades atrasadas, el juez paraliza la demanda y cierra las diligencias. Antes no era así. Bastaba con que el banco o el arrendador presentase la demanda para que la vivienda terminase ineludiblemente subastada y en las garras de la mafia de los subasteros. Del precio pagado en la subasta, el banco se autoliquidaba las mensualidades impagadas, las costas del proceso y el resto del dinero, si es que quedaba algo tras la intervención de los subasteros, era entregado a la familia que había perdido el piso.

Fuentes de los juzgados de la plaza de Castilla aseguran que buena parte de los casos de desahucio ejecutados afectan a familias cuya economía ha venido a menos, al quedarse en paro el sostén familiar. También hay situaciones de inmigrantes, con hijos, que han perdido el trabajo o que el que tienen no les da suficiente dinero para pagar los actuales altos precios de alquileres e hipotecas.

Los citados medios calculan que un 10% de los desahucios se originaron por impagos de la hipoteca. El resto obedece a deudas de alquileres, embargos y a impagos de otro tipo de créditos avalados con la propia vivienda. En el 5% de los desahucios es especialmente dramática la situación en que queda la familia afectada. En algunos casos, los desahuciados son 'personas muy mayores', con problemas mentales. Ancianos con pensiones de poco más de 240 euros, que han vivido desde siempre en una vivienda de renta antigua y que, al revalorizarse el alquiler, no pueden afrontarlo.

Inquilinos pícaros

También existe la picaresca. Gente que a conciencia sólo paga un mes de alquiler, y se instala en viviendas más o menos lujosas y viven gratis en ellas basándose en supuestas insolvencias. Las fuentes consultadas aclaran que es difícil echarlas de la casa, porque suelen emplear todo tipo de argucias para eludir el desahucio. Una vez que el juez logra desalojarlas, buscan otro piso, pagan el primer mes de alquiler y esperan a que el juez les eche de nuevo. Estos pícaros suelen ampararse en la lentitud de la justicia.

Los hay incluso que, cuando llega la comisión judicial y la policía, simulan estar enfermos y dicen que no pueden moverse de la cama. En los casos en que los funcionarios notan pillería, llaman a los servicios médicos y, si es menester, avisan a una ambulancia para que traslade al inquilino moroso a un centro sanitario.

Con todo, los propios funcionarios judiciales que ejecutan los lanzamientos están 'muy sensibilizados' con el problema de los desahucios, y son los primeros en avisar a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid cuando ven que se aproxima el desalojo y que la familia afectada no tiende adónde ir y se queda sin su hogar. 'Algunas veces intentamos aplazar en lo posible el desahucio hasta que el afectado recibe ayuda o encuentra otra morada', señala una funcionaria del servicio de notificaciones y embargos de la plaza de Castilla.