El fiscal de violencia doméstica dice que las fuerzas de seguridad y los juzgados no se coordinan entre si

Antonio Gisbert, fiscal coordinador del Registro de Violencia doméstica de la fiscalía de Valencia, admite 'una falta de coordinación entre la institución, los juzgados y las fuerzas de seguridad que resta eficacia al registro y cuya responsabilidad es también de los políticos'.

La cifra de diligencias de investigación abiertas por la fiscalía que coordina Gisbert en 2002 se ha multiplicado por tres con respecto al total de 2001 (de 26 el pasado año ha pasado a 61 entre enero y agosto de 2002) y las diligencias remitidas a los juzgados han pasado de 14 a 22, Gisbert reconoce que el funcionamiento puede perfeccionarse y que 'aunque sabemos que no se puede erradicar, sí tenemos que hacer que los recursos funcionen'.

La fiscalía de violencia doméstica, cuyo registro funciona desde 1998 y tiene datos de 3.879 maltratadores sólo en la provincia de Valencia, supervisa casos e incorpora a las fichas ya abiertas las denuncias que se puedan producir. En virtud de artículo 153 del Código Penal, en el que se recoge la figura del maltrato habitual, puede trasladar al juzgado una denuncia por el carácter de violencia continua que pueda presentar una determinado caso, lo que en este año ha hecho en 22 ocasiones. Ellos significa que si un expediente recoge tres denuncias sobre las que ha habido pronunciamiento judicial y llega una cuarta, el fiscal entiende que además de las penas por cada una de las faltas o delitos debe valorarse una más por la reincidencia.

Gisbert afirma que para 'agilizar los trámites burocráticos sería conveniente que las denuncias de una víctima fueran a parar a un mismo juzgado y no como ocurre ahora, que cada juez se pronuncia sobre los hechos que le son comunicados'.

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