Un día en Euskadi

Eusko Alkartasuna (EA), partido que tiene tres consejeros en el Gobierno vasco, ha convocado una concentración en respuesta a 'los ataques contra las libertades individuales y colectivas', entendiendo por tales la estrategia de la violencia de ETA, por un lado, y las iniciativas tendentes a la ilegalización de Batasuna, por otro.

La prohibición de convocar manifestaciones afecta, según el auto de Garzón, a Batasuna (o sucedáneos ad hoc), aunque la confusa redacción de una ulterior providencia del juez puede dar pie a interpretaciones de carácter más general. Esta ampliación sería, en todo caso, incongruente con la lógica del auto del juez, que afecta a las actividades de Batasuna, pero que no puede hacerse extensible a otras formaciones. La prohibición afecta al sujeto convocante, no al motivo de la convocatoria.

EA tiene derecho a convocar una concentración en los términos que quiera, aunque resulte políticamente criticable que lo haga bajo lemas que parecen equiparar -si bien de manera bastante críptica- los atentados de ETA y su entorno contra la libertad de las personas, con resoluciones judiciales e iniciativas parlamentarias. Más lógico sería condicionar el apoyo a Batasuna a su ruptura con ETA. Pero tiene derecho a no hacerlo. Sí cabe recordar que los convocantes se responsabilizan de que la movilización no desborde los límites de la convocatoria. La Consejería vasca de Interior ha remitido a la fiscalía de San Sebastián un atestado contra los particulares convocantes de la manifestación del pasado domingo en esa ciudad, en la que se registraron graves incidentes y se profirieron amenazas contra la Ertzaintza y el juez Garzón. Sería muy fuerte que la Consejería de Interior tuviera que volver a hacerlo, pero ahora contra un partido que forma parte del propio Gobierno.

También tienen derecho EA y PNV a instar al Parlamento vasco, como hicieron ayer, a presentar recurso de inconstitucionalidad contra la ley de partidos por considerar que vulnera derechos y libertades fundamentales. Es preferible que sobre esa cuestión se pronuncie ese tribunal, que no políticos apasionados, como el consejero vasco de Justicia, Joseba Azkárraga, de EA, que horas después de que ETA colocara 10 kilos de explosivos en los juzgados de Tolosa calificaba la eventual ilegalización de Batasuna de 'ataque sin precedentes contra las libertades y la democracia' y acusaba a la Audiencia Nacional de no ser independiente del Gobierno. No se trataba de un tribuno en un mitin, sino de un ministro del Gobierno vasco, y precisamente el de Justicia. Siempre será mejor que quien pronuncie la última palabra sea el Constitucional.