Los deberes pendientes

A esta legislatura autonómica le queda poco más de medio año de tiempo real, productivo. Pronto, si no es que estamos ya metidos de hoz y coz en ello, comenzarán los apremios electorales. Llegado ese instante, con la consiguiente movilización general de los partidos, organismos públicos e instituciones, parece temerario pensar que el Gobierno de la Comunidad y los señores diputados tengan el ánimo presto y sosegado para debatir, cuando no elaborar, la pila de leyes pendientes y reiteradamente anunciadas. Algunas de ellas con el marchamo de urgencia e inmediatez. Casi 30 son los proyectos comprometidos y a la espera de su tramitación.

Es imaginable que esta demora o baja productividad legislativa tendrá su razón de ser y muy probablemente los portavoces populares la explicarán con pelos y señales. Eso sí, en esta ocasión no les valdrá echarle el muerto a la oposición, pues no le incumbe a ésta la iniciativa ni se sabe que haya ejercido el filibusterismo o cualquier otra maniobra entorpecedora. Más pertinente parece ser que el PP, hegemónico en la Cámara, haya administrado a su gusto la oportunidad para cada proyecto pensando, como en su momento pensaron los socialistas, que van a gobernar tres o cuatro lustros más. No ha mucho que el vicepresidente José Joaquín Ripoll, tan sensato él, confirmaba esta perspectiva al asegurar que el PP no trabajaba para diez meses, sino para diez años.

Sin embargo, desde la óptica del ciudadano, esta calculada dosificación del trabajo es, además de un incumplimiento de las propuestas programáticas, una tomadura de pelo que linda con la estafa, sobre todo para cuantos creyeron y votaron las promesas del partido mayoritario. Una estafa en el sentido de que se aplazan o soslayan mejoras legales condicionantes de nuestra calidad de vida y, en más de un caso, el aplazamiento puede comportar penosos efectos irreversibles. Piénsese, por ejemplo, en la Ley de Ordenación del Territorio que acaso sea alumbrada cuando el caos sea inextrincable. O la Ley de Contaminación Acústica, que sus señorías votarán cuando muchos vecinos anden cazando moscas neurotizados por los ruidos de muy distinta naturaleza.

Y, cuando menos, otra media docena de textos legales apremiantes -sobre la salud, las estructuras agrarias, la función pública, etc.- acerca de los cuales es dudoso que el partido gobernante, por hegemónico que sea, pueda arrogarse el derecho a postergarlos ad calendas graecas o para cuando le plazca. Un electorado sensible y avisado habría de castigar en las urnas estos ejercicios políticos de petulancia, pereza o incompetencia.

No es previsible que en los pocos meses útiles que quedan se diligencie el fardo de proyectos pendiente en las Cortes o en el bastidor de sus redactores. Tanto más, como anotábamos, cuando está al caer la ruptura de hostilidades ante los próximos comicios y, a mayor abundamiento, estamos todos en ascuas ante la prometida privatización de RTVV que a buen seguro dejará tras de sí una estela de ofendidos. Un asunto capaz por sí solo de agotar las energías de los partidos en brega y de envenenar el debate. Claro que también puede el Gobierno, tan dueño de sí mismo y de nuestro destino, aplazar el trago hasta el próximo curso y legislatura. Poder, puede.