LAS MIL PRUEBAS DEL GOBIERNO

El ministro de Justicia, José María Michavila, calificó como 'demanda de nuestra democracia contra el terrorismo' la petición del Gobierno presentada ayer ante el Tribunal Supremo para la ilegalización de Batasuna, basada en que el partido 'es la prolongación de ETA en la política'.

El texto, que consta de 10.000 folios, presenta 60 hechos posterioresa la promulgación de la Ley de Partidos por los que Batasuna puede ser ilegalizada. Relata cómo 194 representantes de Batasuna han sido condenados o

imputados por delitos relacionados con ETA y cómo de manera sucesiva la 'plataforma política' del terrorismo ha utilizado nombres diferentes -HB, EH y Batasuna- para un 'mismo entramado', demostrado por la personalidad de 770 cargos.

Michavila, que presentó el texto de la demanda con el jefe de la abogacía del Estado en la Audiencia Nacional, Arturo García Tizón, la dividió en tres bloques, con los que se pretende demostrar que Batasuna es 'un único entramado' con nombres sucesivos, su papel como proyección política de ETA y los hechos en que ha incurrido, tras el 29 de junio, que vulneran la Ley de Partidos y que le hacen acreedora a la ilegalización.

Respecto al primer bloque, se destaca como relevantes dirigentes del 'entramado Batasuna' en sus diferentes etapas a Arnaldo Otegi, Joseba Permach, Jon Idígoras, Periko Solabarría, Txomin Ziluaga y Tasio Erkizia.

Su finalidad, dice el texto, es 'complementar y apoyar políticamente la acción de ETA y los diferentes nombres que a lo largo del tiempo han ido adoptando responden a una misma organización y a las necesidades de adaptarse en cada momento a las vicisitudes judiciales que han sufrido a lo largo de una historia única'.

75 declaraciones

Respecto a las conexiones entre Batasuna y ETA, la demanda incluye unas 75 declaraciones en las que 'no se deslindan las fronteras entre una y otra organización', sino que, 'al contrario, acreditan la prolongación en la política de la organización terrorista'.

También se acredita la relación por la exhibición de 'símbolos terroristas' por parte de Batasuna, la utilización de las sedes para actividades propias de ETA, la conexión de la financiación entre Batasuna y la banda y la disposición por parte de ETA para sus fines de chantaje del censo electoral que le proporciona el partido.

En el tercer bloque, la demanda enumera hasta 60 hechos en los que ha participado Batasuna y que demostrarían su connivencia con ETA, sucedidos desde el 29 de junio, tras la entrada en vigor de la Ley de Partidos, y que vulnerarían todos los supuestos recogidos en el artículo 9 de la norma.

En ese capítulo destaca el hecho de que cinco de los siete parlamentarios con que cuenta actualmente Batasuna en la Cámara vasca han sido condenados o imputados en relación con ETA y subraya que ninguno se ha retractado de ello ni la dirección de Batasuna ha tomado medidas contra ellos.