La Guardia Civil deja de patrullar en 18 pueblos para vigilar sus sedes

Cumplido hoy un mes del atentado de ETA con coche bomba en el cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Alicante denuncia que el Gobierno no sólo ha incumplido su compromiso de dotar las instalaciones con medios de seguridad sino que ha derivado las patrullas destinadas a la protección ciudadana a la vigilancia de los acuartelamientos.

El portavoz de la AUGC, Manolo Martínez, sostiene que el 95% de las 47 casas cuartel de la provincia de Alicante carece todavía de las medidas de seguridad pertinentes. Martínez afirma que las cámaras de vigilancia y los inhibidores de frecuencia -dispositivo que neutraliza la acción de los activadores de explosivos-, comprometidos por el Gobierno tras el atentado en Santa Pola siguen sin incorporarse a las instalaciones de la Guardia Civil de Alicante.

La carencia de estos medios ha propiciado, según el portavoz del colectivo, que 18 poblaciones pequeñas hayan visto 'mermada' su seguridad. Las patrullas encomendadas a la protección ciudadana se encargan ahora de la vigilancia de los acuartelamientos en perjuicio de la población. El caso del cuartel de Torrevieja es paradigmático. Un total de 16 agentes custodian, diariamente y por turnos, las instalaciones. 'Ésta ha sido la respuesta del Gobierno: quitar personal de la calle para ponerlo en los cuarteles', concluyó Martínez.

Cinco familias continúan residiendo en los módulos de la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola, tras sufrir el atentado con coche bomba colocado por la banda terrorista ETA el pasado 4 de agosto. En total, han sido 15 las familias de guardias civiles afectadas que han perdido sus residencias por la onda expansiva del artefacto, que acabó con la vida de una niña de 6 años y un hombre de 57. 'Estas últimas familias deben ser alojadas en apartamentos en los próximos días, puesto que el derribo está previsto para el próximo 15 de septiembre', comentaron fuentes de la Asociación de Amigos y Familiares de la Guardia Civil. Esta agrupación destacó que la mayor parte de los realojos de las familias de los agentes se han llevado a cabo gracias a la colaboración de amigos de los afectados, que han prestado sus casas. 'Esto supone un sustancial ahorro de dinero para las arcas públicas que alguien debería contabilizar y no colocarse medalla', comentaron. Junto a los familiares de agentes del Instituto Armado, otras 12 familias más se encuentran ubicadas en apartamentos alquilados por el Ayuntamiento gracias a la dotación presupuestaria otorgada por Interior. Estos afectados son los vecinos del inmueble de la calle Mayor.

Hoy viaja a Santa Pola el subdirector del Ministerio del Interior, José María Martínez, con objeto de atender las necesidades de los vecinos afectados. Martínez y el alcalde de la localidad, Francisco Conejero, visitarán el lugar de la explosión y se entrevistarán para recoger las impresiones de los afectados.