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El Gobierno navarro pagará un sueldo a todos los alcaldes y concejales

Las asignaciones entrarán en vigor tras las elecciones municipales del año próximo

El Gobierno navarro quiere que todos los alcaldes y concejales de los ayuntamientos de la región cobren un sueldo, cuya cuantía todavía está por determinar, que saldría de los presupuestos de la comunidad foral y entraría en vigor tras las elecciones municipales de 2003, a las que una Batasuna ilegalizada no podría concurrir. El presidente de Navarra, Miguel Sanz, confirmó ayer el deseo de su partido de compensar económicamente la actividad política de los cargos públicos municipales, duramente amenazada por la presión terrorista de ETA y su entorno.

El vicepresidente del Ejecutivo autónomo y consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Rafael Gurrea, negociará directamente con las restantes formaciones políticas los términos de lo que por ahora es un borrador que UPN está redactando y que pretende convertirse en una ley foral consensuada con los socialistas y los demás partidos de la oposición para que su entrada en vigor sea posible después de las elecciones municipales de 2003, unos comicios a los que previsiblemente Batasuna no podrá concurrir.

La ejecutiva de la Asociación de Municipios Vascos-Eudel tiene previsto concretar este mismo mes de septiembre la iniciativa que ha elaborado para retribuir a los portavoces municipales en las localidades de más de 10.000 habitantes con una asignación económica cifrada entre 29.616 y 35.831 euros brutos anuales, según los habitantes de cada población y el número de concejales del correspondiente grupo.

La iniciativa de Eudel se justificaba en la necesidad de dar 'protección y apoyo singular' a los cargos electos vascos frente al acoso de la banda terrorista y sus seguidores cuenta con el apoyo matizado de PP, PSE y Unidad Alavesa.

'Más costoso cada día'

En Navarra, aunque Sanz vinculó ayer la propuesta al desgaste personal y profesional que para muchos ciudadanos supone dedicar varios años de su vida al trabajo como alcalde o concejal de sus ciudades y pueblos, lo cierto es la medida alberga un importante componente de incentivo material para contrarrestar las dificultades crecientes que regionalistas y socialistas están encontrando para configurar sus listas electorales ante la amenaza etarra.

Esta presión de los violentos se materializó hace ya varios meses en la necesidad de dotar de protección policial a muchos alcaldes y concejales de las formaciones constitucionalistas.

UPN y PSN-PSOE se reparten más del 80% de las alcaldías navarras, pero apenas los alcaldes, y en algunos casos los concejales, de un puñado de ellas, las de mayor población, cobran un sueldo por el desempeño del cargo. Los socialistas navarros criticaron semanas atrás el 'desamparo' en el que trabajan mucho de sus concejales y se quejaron del 'olvido' que, a su juicio, padecen los ediles navarros amenazados por ETA y su entorno con relación a las medidas de apoyo arbitradas para sus homólogos del País Vasco.

Gurrea ha reconocido que, además de la compensación económica por el desempeño de sus funciones, la medida pretende aliviar la 'amenaza difusa, pero siempre permanente del terrorismo y su entorno'. Sanz aseguró ayer que la ley busca 'dignificar' la actividad política municipal y, de paso, 'garantizar el ejercicio democrático' de esos cargos, dado que 'cada día es más costoso encontrar personas dispuestas a integrarse en los ayuntamientos', subrayó.

Sanz destacó que, además de no percibir ninguna cantidad por su trabajo político, muchos alcaldes y concejales 'pierden dinero al desatender sus profesiones y se ganan incluso enemistades personales', lo que conlleva un desgaste que debe pagarse. 'El terrorismo también cuenta', reconoció el presidente, 'y aunque no es sustancial, ratifica la idea de compensar económicamente esa labor'.

Batasuna controla una veintena de alcaldías en Navarra y suma 211 concejales. Su más que previsible ilegalización le impedirá concurrir a los comicios locales de 2003. Fuentes cercanas al Gobierno foral recordaron que la ley de Partidos ya prevé que la formación independentista pudiese cambiar de nombre, lo que evitará que esta nueva vía de remuneración acabe engrosando las cuentas del grupo aberzale.

UPN no ha querido adelantar nada sobre las cifras que baraja al redactar la proposición de ley, aunque reitera que se tratará de 'salarios medios compensatorios' de los inconvenientes del cargo. Sanz desechó cualquier posibilidad de establecer escalas salariales en función del grado de acoso terrorista de cada municipio.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 3 de septiembre de 2002