El Gobierno de CiU dedica tres veces más a publicidad que a prevenir accidentes laborales

La partida presupuestaria del Gobierno catalán destinada a salud laboral y prevención de accidentes laborales para el año 2002 asciende a 2,62 millones de euros, y el presidente de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Joan Saura, denunció ayer el brutal contraste entre esta cifra, que juzgó irrisoria, y la ya gastada en publicidad: 7,9 millones de euros en el primer semestre del año. Es decir, Saura denunció que el Gobierno de Jordi Pujol ha gastado en seis meses el triple de dinero en publicidad que en prevención de accidentes laborales en una comunidad autónoma que es la primera en la clasificación de siniestralidad y en la que en 45 días han muerto 22 obreros en su puesto de trabajo.

El Gobierno catalán tendrá que dar explicaciones al Parlament sobre la ineficacia de la prevención de accidentes laborales y la forma de superar la dramática situación actual, que arroja datos tan significativos como que en siete días se han registrado siete accidentes mortales. ICV pidió ayer la inmediata celebración de un pleno del Parlament para proponer medidas, y el resto de grupos de la oposición se sumaron a la iniciativa.

Saura denunció lo que a su juicio es un doble lenguaje del Gobierno de CiU. Sus responsables dicen ahora que están preocupados por los accidentes laborales, afirmó, pero en el Congreso su grupo parlamentario rechazó junto con el del PP la proposición de ley para regular la subcontratación, una de las principales causas de siniestralidad, presentada por CC OO y UGT con 600.000 firmas. Saura denunció también que el Gobierno catalán no hace cumplir la ley sobre prevención de accidentes y es el que menos fondos destina a salud laboral.

Mientras, el Ayuntamiento de Mollet del Vallès, donde está la fábrica Cray Valley Ibérica en la que una explosión de resinas sintéticas ocasionó el sábado la muerte de dos trabajadores, pidió a la Generalitat el cierre cautelar de la unidad donde se produjo el siniestro. Pero el Departamento de Medio Ambiente replicó que el cierre era competencia municipal. La alcaldesa, Montserrat Tura, insistió: 'Es suficientemente grave como para que la Generalitat intervenga y lo haga con celeridad'. Han pasado ya tres días y el gobierno catalán 'aún no se ha puesto en contacto con nosotros', dijo. Mientras las instituciones polemizaban, la propia empresa decidió cerrar la unidad e iniciar una investigación interna, informa S. Marimón.MAS INFORMACIÓN EN