México echa chispas

Roberto Madrazo, presidente del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), pidió a sus correligionarios no descalificar a priori una iniciativa gubernamental de reforma eléctrica que modifica la Carta Magna y amplía el espacio del capital privado en un sector necesitado de inversiones. El concurso del PRI, dividido al respecto, es imprescindible para la aprobación parlamentaria de una de las iniciativas más ambiciosas del Gobierno de Vicente Fox desde su investidura en diciembre del año 2000. Empresas españolas que participan, por contrato, en la producción de energía, entre ellas Endesa, Unión Fenosa o Iberdrola, siguen atentas el desarrollo del debate.

El Gobierno está realizando una campaña para tratar de desmontar los argumentos de quienes advierten contra 'una privatización encubierta', que permitirá al capital extranjero despidos masivos, encarecer el servicio y ejercer competencias sobre la soberanía nacional. El secretario (ministro) de Energía, Ernesto Martens; el subsecretario de Electricidad, Nicéforo Guerrero, y el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, han sido los funcionarios encargados de defender los aspectos más relevantes de la iniciativa sometida a la consideración del Congreso.

La propuesta pide modificar la definición legal de 'servicio público' para permitir que las corporaciones compren la energía

El izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), en bloque, y un sector del PRI rechazan cualquier modificación que signifique reformas constitucionales y sostienen que las empresas estatales son viables. Adivinan, asimismo, turbios manejos de grupos de presión, principalmente estadounidenses. El Ejecutivo aduce que no dispone de los recursos requeridos por el sector para acompañar el desarrollo económico del país, y que por eso recurre a la inversión privada. Promete que no se llegará a la privatización de los activos, entre ellos las empresas estatales CFE y Luz y Fuerza, y que se respetarán los derechos adquiridos con los trabajadores.

Los artículos 27 y 28 de la Constitución, que serían enmendados, establecen que la energía eléctrica será prestada por el Estado como un servicio público. La propuesta pide modificar la definición legal de servicio público para permitir que las corporaciones y otros grandes consumidores compren la energía directamente a productores privados. Las leyes actuales permiten a las empresas privadas generar electricidad para su propio uso o para la CFE. La propuesta cambiaría algunas regulaciones energéticas sin necesidad de tener la aprobación de todo el Congreso.

El artículo que reserva al Estado las facultades de generar, distribuir, transformar y abastecer de energía eléctrica quedaría redactado en esta dirección: 'Al Estado le corresponde la prestación del servicio público de electricidad'. Consorcios foráneos, españoles, japoneses o norteamericanos han venido aportando generación eléctrica al sistema mexicano desde que, en 1992, se abriera el sector. Los cambios pretendidos facilitarían su progresiva entrada en el proceso de distribución y venta a particulares, hasta ahora en manos estatales.

Hasta este momento, el constructor privado realiza todas las inversiones y obras de una planta, y al concluirla la entrega a CFE para su operación; también puede vender la energía a la empresa estatal con contrato de largo plazo, o la propia CFE puede pagar la obra encargada.

Necesidades de inversión

El subsecretario de Electricidad, Nicéforo Guerrero, recordó que el 44% de las plantas tienen más de 30 años, y que, sin considerar las deudas ni el pasivo laboral del sector, los requerimientos anuales de inversión se acercan a los 50.000 millones de pesos (5.000 millones de dólares).

Sólo en generación, agregó, será necesaria una inversión de 23.000 millones de dólares en los próximos 10 años. La Comisión Federal de Electricidad, aun dotándola de mayor autonomía de gestión, y con un régimen fiscal diferenciado, sólo podría aportar el 40%, según fuentes oficiales. El endeudamiento de comisión representaría el 130% de las ventas totales de la empresa.

El proyecto de ley que permitiría inversiones a las compañías privadas, y algunas operaciones de refinación y gas, es delicado en un país donde muchos políticos y gran parte de la opinión pública atesoran los monopolios estatales del petróleo y la electricidad con orgullo nacionalista. 'La patria no se vende', advirtió el opositor alcalde de Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador. El poderoso Sindicato de Electricistas se manifestó en contra de las reformas constitucionales desde que lo intentara, en 1999, el Gobierno de Ernesto Zedillo (PRI, 1994-2000). También lo hace ahora advirtiendo de que las reformas constitucionales 'entregan la generación, conducción, transformación, distribución y venta y comercialización de la energía eléctrica a las grandes empresas transnacionales'.