300 días sin María Rosa
La retirada de la tutela de una menor enfrenta a sus padres con la Administración
La Junta de Andalucía devolvió el pasado viernes la tutela de una niña de nueve años de Segura de la Sierra (Jaén) a sus padres. La razón: la ausencia de pruebas que demostraran que había sido maltratada por éstos. La noticia, que tanto ha alegrado a los que desde el primer momento apoyaron a la familia, ha supuesto un soplo de esperanza para Rafael y Rosario. Tienen 55 y 36 años, respectivamente, llevan juntos más de 14, y ya hace más de 10 meses que la Consejería de Asuntos Sociales decidió retirarles la tutela de su hija María Rosa por considerar que se encontraba en situación de desamparo.
En el expediente que la Junta les abrió, se les acusó de vivir en una casa 'semiderruida sin luz ni agua', de no alimentar adecuadamente a la niña y de no llevarla a los controles médicos y vacunaciones. Rafael, que trabajó durante 17 años para la marina mercante y que ahora vive gracias a una pensión de 258 euros al mes, lo niega con rotundidad: 'He entregado a mi abogado el certificado de vacunaciones en el que se prueba que la niña acudió puntualmente a cada cita con el pediatra y que recibió en su momento todas las vacunas'.
La Junta calcula que los jueces fallan a favor de los progenitores sólo en tres de cada 1.000 casos
'Tampoco es cierto que viviésemos en una vivienda semiderruida', afirma. 'Después de vivir 10 años en el mismo sitio nos expropiaron para hacer una carretera, pero sólo nos dieron un millón de pesetas. No podíamos pagar un piso alquilado y un amigo nos ofreció vivir en su chalé, que estaba abandonado, si a cambio se lo reformaba y lo dejaba nuevamente habitable. Lo arreglé y lo dejé como nuevo, abrí un pozo de 50 metros para el agua y unos vecinos nos prestaron la luz'. Kati y Ángel, que durante un año vivieron frente a ellos, confirman esta versión. 'Lo que dice el expediente es totalmente incierto', asegura Ángel. 'La casa estaba perfecta, y es un mérito que alguien que llega sin recursos haga lo que Rafael hizo allí. Mi hija pequeña iba muchas tardes a su casa a jugar con su hija y siempre la vimos estupendamente'.
Hace ya dos meses que él y Rosario abandonaron esa casa. Ahora poseen un piso de su propiedad en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra. Poco a poco, han conseguido transformarlo en un hogar: paredes de un blanco impecable, cuadros y fotos, teléfono, televisor, una cocina impoluta, muchos juguetes... y armarios repletos de ropa de bebé; sin embargo, les falta lo más importante: la pequeña María Rosa. 'Nuestro único pecado ha sido ser pobres, pero la Aministración tenía que habernos ayudado en lugar de hacer lo que ha hecho. Ahora mi mujer y yo vivimos una pesadilla', se queja su padre.
Desde la Consejería de Asuntos Sociales aseguran que el procedimiento que se ha seguido para declarar a la menor en situación de desamparo 'ha sido correcto', y que se han realizado estudios y seguimientos que han llevado a 'la dura decisión' de retirar a los padres la tutela de la niña. 'Se han apurado todas las vías posibles, y la pequeña está ahora en acogimiento pre-adoptivo', dicen dichas fuentes, a la vez que insisten en que no pueden dar más información sobre el caso por el propio bien de la menor.
Estas mismas fuentes explicaron que los padres de María Rosa tienen antecedentes, ya que perdieron en 1991 1a tutela de otra hija. 'Estuve nueve meses en prisión preventiva por un presunto delito de secuestro que nunca cometí. Salí absuelto, pero para entonces ya nos habían quitado a nuestra otra hija para siempre. Hace dos años recibí un papel, el único en 11 años, en el que me informaban de que estaba adoptada por una familia. No permitiré que me vuelvan a hacer lo mismo', sentencia Rafael.
En el expediente de la Consejería se les acusa, a él y a su mujer, de padecer problemas de salud mental; sin embargo, varios informes psiquiátricos del hospital de Valme de Sevilla niegan que se detecten 'alteraciones psicopatológicas ni alteraciones relevantes que indiquen la necesidad de tratamiento psiquiátrico'.
Ahora, a Rafael y a Rosario sólo les queda una posibilidad para recuperar a María Rosa: los tribunales. El problema es que los casos en los que los jueces han fallado a favor de los padres son mínimos y la experiencia demuestra que, una vez iniciados, este tipo de procesos no tienen vuelta atrás. Según datos de la Consejería de Asuntos Sociales, sólo en tres de cada 1.000 casos los jueces dan la razón a los progenitores. 'No entiendo por qué no dan su brazo a torcer', dice Rafael. 'Yo no quiero que nadie me pida disculpas; sólo quiero que me devuelvan a mi hija'.
Asuntos Sociales custodió a 1.244 niños el pasado año
María Rosa es una de los 1.244 menores cuya tutela asumió la Junta de Andalucía en 2001. La actuación de ésta en cuanto a la protección de menores se rige por la Ley Andaluza de los Derechos y Atención del Menor, de 1998, y por el decreto 42/2002 sobre el régimen de desamparo. Este último habla por primera vez del derecho de los padres a estar asistidos por un abogado. José Antonio Bosch, letrado que ha llevado numerosos casos de menores, opina que este derecho 'no funciona en la práctica, porque ni siquiera hay una lista de abogados especialistas en el tema'. En cuanto a los expedientes que abre la Junta a los padres, Bosch asegura que, antes de la entrada en vigor de dicho decreto, eran 'como los que abría la Inquisición a las brujas: primero los acusan y luego montan un expediente para demostrar que tienen razón'. El abogado cree que en estos casos los padres están 'indefensos', porque los profesionales encargados de hacer los informes y seguimientos son 'parte interesada en el conflicto, ya que son empleados directos de quienes adoptan las resoluciones'. Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, sostiene que 'en muchos casos los procedimientos no son rigurosos y no se ajustan a las garantías'. Bosch denuncia también la 'zonificación' de las intervenciones para retirar a los padres la tutela de un menor, 'que casi siempre ocurren en aquellas zonas donde hay menos recursos económicos y una situación de desigualdad respecto a otros barrios más favorecidos'. Tanto Bosch como Chamizo coinciden en una cosa: la necesidad de actuar de forma preventiva. 'La retirada es siempre la opción más traumática', dice el abogado. 'Lo que hay que hacer es generar las condiciones necesarias en los senos de las familias para que los niños tengan garantizados su desarrollo en ellas. Lo que pasa es que para eso hacen falta recursos, y la retirada siempre resulta más barata'.
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