El Congreso pide ilegalizar a Batasuna y Garzón prohíbe todas sus actividades

Ofensiva judicial y política contra la coalición por 'formar parte del complejo terrorista dirigido por ETA'

27 ago 2002 - 00:00CEST

El poder legislativo y el judicial dieron ayer un paso decisivo para poner fuera de la ley a Batasuna, la organización política que desde hace casi un cuarto de siglo ha representado, con distintos nombres, la marca política de ETA. La decisión de mayor calado político correspondió al Congreso de los Diputados, que, en sesión extraordinaria, instó al Gobierno a promover ante el Supremo la ilegalización de Batasuna por vulneración de la nueva Ley de Partidos. La resolución, pactada entre el PP y el PSOE, contó con el respaldo de 295 diputados (más del 88% de los presentes), frente a 10 votos en contra y 29 abstenciones. Como estaba anunciado, votaron a favor PP, PSOE, Coalición Canaria y el Partido Andalucista. CiU e Izquierda Unida se abstuvieron, mientras que el mayor rechazo vino de parte de los nacionalistas vascos del PNV y Eusko Alkartasuna. No obstante, la medida de efectos prácticos más inmediatos la adoptó el juez Baltasar Garzón, quien dictó un auto que suspende cautelarmente, por un plazo de tres años ampliable a cinco, todas las actividades del partido aberzale. Desde ayer mismo, la formación de Otegi ya no puede recibir ayudas financieras, presentarse a elecciones o convocar actos públicos. Incluso se ordena cortar el agua, la luz y el teléfono a sus locales. La resolución judicial fue notificada ayer a la Ertzaintza y a la policía para que procedan a precintar las sedes y locales de Batasuna en el País Vasco y Navarra. Los argumentos utilizados por el magistrado y por los partidos que defendieron la ilegalización de Batasuna en el Pleno del Congreso fueron idénticos: a este partido no se le pone al margen de la ley por sus ideas, sino por formar parte del complejo terrorista dirigido por ETA.