LA BATALLA SE LIBRA EN LA CARRETERA

En carreteras lejanas de Buenos Aires, concretamente en la áspera Patagonia neuquina y en el extremo norte de las provincias de Salta y Jujuy colindante con Bolivia, nació en Argentina hace seis años un nuevo movimiento de protesta social que ha desplazado de la escena a los sindicatos y organizaciones políticas tradicionales. La privatización de YPF, la primera petrolera del país, y la parálisis de la industria de la construcción habían arrojado al paro a miles de trabajadores.

Para bien o para mal, todo el mundo habla de los piqueteros, esos tipos tercos que son capaces de cortar durante horas y días el paso de vehículos y mercancías por las carreteras argentinas. 'Vamos a la ruta a confrontar con el Gobierno, por un compromiso que nunca se cumple. Vimos otras luchas del país que eran más efectivas porque al Gobierno no le quedaba otra que dar solución a las demandas cuando había fuertes enfrentamientos. Empezamos a cortar rutas, los puentes de acceso a Buenos Aires, a hacer marchas muy firmes frente a los ministerios... Así conseguimos lo que tenemos ahora', explica Mariano, joven piquetero del barrio de Lanús, en la provincia de Buenos Aires.

El paro no deja de subir y los desempleados superan hoy el 21,5% de la población activa

La principal innovación de los piqueteros es el uso de fondos asistenciales para fines productivos

Sorprendió a todos, especialmente a las viejas organizaciones gremiales, el nuevo método de protesta, inédito hasta los años 1996 y 1997. Por primera vez, los desocupados aparecían como actores clave de la protesta social. La proliferación de los cortes de carretera alarmó al Gobierno, que reaccionó con la distribución entre los desocupados de los planes de empleo (planes Trabajar), equivalentes a 150 pesos mensuales (29 dólares). La medida, en clara sintonía con el tradicional clientelismo del Gobierno nacional y de las provincias, pretendía dividir a los movimientos de protesta. Los cortes de carretera llegaron a las puertas de la capital y a finales de 1997 los piqueteros actuaron por primera vez en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Florencio Varela.

El término ha adquirido tanta notoriedad que muchos argentinos lo aplican sin distinción para referirse, en distinto tono, a quienes participan en alguna manifestación de protesta. El piquetero es políticamente incorrecto, rompe los esquemas de las mentes bienpensantes y es blanco fácil de la crítica de cualquier tertuliano que se entretiene en describir la crisis argentina en clave de apocalipsis. Nada más sencillo para un comentarista que lanzar los dardos contra quienes provocan grandes atascos callejeros en cualquier ciudad, con las lógicas consecuencias para el resto de ciudadanos. 'Son profesionales del caos que no quieren trabajar', es una muletilla que se escucha con frecuencia en los medios audiovisuales a la hora de hablar de los piqueteros.

Pero sin desempleados no habría piqueteros. La cifra de quienes han perdido un puesto de trabajo y no lo han vuelto a recuperar ha aumentado en los últimos años hasta niveles desconocidos en Argentina. El 7,1% de parados que había en 1989, cuando llegó a la presidencia el peronista Carlos Menem, trepó en diez años hasta el 13,8%, porcentaje que encontró el radical Fernando de la Rúa al llegar al Gobierno en 1999. La escalada no se ha detenido y los desempleados en todo el país superan el 21,5%, porcentaje histórico.

Uno de los aspectos de los piqueteros que mayores críticas recibe es que quienes encabezan las manifestaciones suelen ir con la cara tapada. 'El hecho de que los compañeros que están en el piquete se cubran la cara es por una cuestión de seguridad básica. Porque nosotros volvemos al barrio y el mismo policía que está incómodo porque tiene que pasar dos días en la calle porque nosotros cortamos la ruta es el mismo policía que después patrulla por nuestras casas', señala un portavoz piquetero.

El domingo se cumplieron dos meses de la jornada más negra del movimiento piquetero en Buenos Aires. Varias organizaciones habían convocado para el 26 de junio una jornada de lucha para reclamar un aumento de los planes de empleo. Como en numerosas ocasiones, militantes de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, del Bloque Piquetero y de Barrios de Pie cortaron el puente Pueyrredón, que separa la capital de la provincia de Buenos Aires. La violencia se desató cuando apareció la policía y las consecuencias fueron trágicas: dos muertos (los primeros en un conflicto social desde que Eduardo Duhalde juró como presidente, el 1 de enero) y 70 heridos.

Inicialmente el Gobierno responsabilizó a los manifestantes, a quienes acusó de preparar un supuesto plan insurreccional armado. Pero las fotografías e imágenes de televisión mostraron claramente que los dos piqueteros fueron asesinados a sangre fría por agentes de la policía de la provincia de Buenos Aires. Fueron detenidos el comisario Alfredo Franchiotti, jefe del operativo, y varios de sus subordinados, que están acusados de doble homicidio agravado por la muerte de los jóvenes piqueteros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Dos meses después, la causa judicial esta empantanada y la investigación sobre la actuación policial no ha esclarecido ninguno de los abundantes interrogantes.

Las dos víctimas pertenecían a la Coordinadora de Trabajadores Desocupados (CTD) Aníbal Verón, una de las organizaciones más heterodoxas del mundo piquetero, que se aparta de los cánones de los gremios tradicionales. Aníbal Verón era un trabajador que fue despedido de su trabajo en la provincia de Salta después de estar siete meses sin cobrar. Con su mujer y sus cuatro hijos participó hace dos años en un corte de la carretera que va desde Tartagal a General Mosconi, junto a la frontera boliviana. Fueron 11 días de interrupción del tránsito junto a otros piqueteros hasta que intervino la Gendarmería (policía de fronteras). Una bala acabó con la vida de Verón.

La militancia de la coordinadora que lleva el nombre del piquetero muerto no supera, en su mayoría, la treintena, y nada tiene que ver con la imagen de terroristas que han tratado de presentar algunos medios. Pablo, Luis, Andrés o Mariano, todos ellos compañeros de los dos jóvenes asesinados en el puente Pueyrredón, prefieren no dar sus apellidos a la hora de hacer declaraciones. 'Nosotros nacimos cortando rutas y ocupando edificios públicos por el desprecio de los funcionarios. Esta lógica se legitimó al conseguir respuesta sólo a través de estas acciones', dice Pablo. 'En Argentina dejó de funcionar la audiencia con las peticiones, el reclamo formal a las autoridades, y esta lógica de lucha se legitimó porque sólo a través de ello respondían los funcionarios. En particular hoy vemos que este movimiento piquetero nacional tiene distintas expresiones'.

El sector con mayor capacidad de movilización, considerado más moderado y proclive al diálogo con el Gobierno, está encabezado por la Corriente Clasista y Combativa (CCC) de Juan Carlos Alderete y la Federación Tierra y Vivienda (FTV) de Jorge d'Elia, que tienen el respaldo de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). El sector más radical está representada, sobre todo, por los Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD), que actúan en amplias zonas del conurbano bonaerense como Lanús, Quilmes, Almirante Brown y Solano y reivindican 'la Argentina piquetera que no se resigna a ser un país para pocos y lo resume en una consigna: trabajo, dignidad y cambio social'.

El asentamiento La Fe, en la provincia de Buenos Aires, no existe en los planos. Fue tomado en una ocupación de tierras hace 16 años de un macizo que no figura en ningún mapa. Tiene agua y luz (que nadie paga), pero carece de red de gas. Los días de lluvia el barrio se convierte en un barrizal intransitable que paraliza toda actividad. El 85% de quienes viven allí no tiene trabajo. Nadie se acuerda de ellos. Las medicinas más simples no llegan, y para conseguir pañales para sus bebés las madres tienen que hacer tres días de cola en la municipalidad.

Una familia de cinco miembros vive en una barraca de chapa y barro. El padre, Luis (35 años), su madre, la esposa y dos hijos de seis años y dos meses. Viven literalmente sobre una gran cloaca. Las aguas de los pozos ciegos están a rebosar, y la empresa Aguas Argentinas ya no hace más el drenaje de las napas, con lo que el riesgo de contaminación es muy grande. 'Las enfermedades respiratorias han aumentado un 80%. El vapor que se condensa cuando sale el sol y seca el suelo es mortal', asegura Luis.

El aspecto más innovador de los llamados Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD) es la utilización de los planes sociales o de empleo del Gobierno (150 pesos mensuales por unidad familar), que en su gran mayoría fueron concebidos con fines improductivos y asistencialistas, y transformarlos en proyectos auténticamente productivos. En sus orígenes, los planes Trabajar estaban destinados exclusivamente a labores municipales como limpiar zanjas, construir veredas o barrer calles. 'A través de la lucha logramos la autogestión, para definir nosotros las tareas a realizar, proyectos propios que no dependieran del municipio o del puntero de la zona'. De este modo, el control directo de los subsidios gubernamentales queda en manos de los trabajadores desocupados sin intervención de los municipios. Así es como han surgido pequeñas iniciativas que sus patrocinadores denominan 'microemprendimientos', como una panadería solidaria en el barrio, un taller de herrería, un taller de capacitación en oficios (electricidad, albañilería, biblioteca popular), un horno mixto para actividades comunitarias, un obrador para la fabricación de ladrillos, una guardería y un comedor popular. El modelo de estos jóvenes piqueteros es el movimiento de los Sin Tierra de Brasil. Pablo explica que en el obrador trabajan 14 muchachos por la mañana y un grupo más pequeño de mantenimiento por la tarde. Fabrican bloques de hormigón con los que construyen espacios sociales, bibliotecas y otros edificios. En una segunda fase pretenden construir viviendas precarias.

'El estallido está latente', dice el sacerdote Alberto Spagnolo, que trabaja en Quilmes. 'Hay mucha violencia social, la gente no aguanta. El índice de robos y muertes ha aumentado. La policía ya no detiene, sino que fusila. Ahora no hay códigos a la hora de robar'. La labor de formación a la que se dedica el padre Spagnolo sentó mal a la jerarquía eclesiástica, que le suspendió de su diócesis y finalmente lo expulsó de la parroquia de Nuestra Señora de Las Legiones, en San Francisco de Solano (Quilmes).

En una calle de un barrio sin asfaltar de la localidad de Lomas de Zamora, en la zona metropolitana de Buenos Aires, está la sede central del Movimiendo Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) que dirige Raúl Castells, de 48 años, pulidor de oficio y 'socialista de toda la vida, pero no como Felipillo (apodo con el que se conoce a Felipe González en muchos países latinoamericanos)'. Este controvertido personaje, que provoca urticaria a las autoridades políticas y sindicales, es el único dirigente piquetero privado de libertad. A la espera del juicio, el próximo 11 de octubre, cumple arresto domiciliario. El cargo que pesa en su contra es coacción agravada, que, según el Código Penal argentino, merece una pena de 5 a 10 años de prisión no excarcelables. 'Entramos unas 2.000 personas en el patio de la Intendencia de Lomas de Zamora para reclamar trabajo y alimentos', explica.

Para sus seguidores, Castells es un símbolo. 'En total llevo 1.200 días preso, entre arresto domiciliario, en cárceles y comisarías', dice. 'Soy el único dirigente de masas en este país que está detenido y el preso más antiguo como dirigente social en la Argentina desde la dictadura militar'.

El movimiento que dirige Castells se fundó en 1993. 'Éramos cinco en total, de los cuales cuatro eran de origen campesino', recuerda. 'Partimos de una situación de hambre y empezamos a ir a los supermercados en el año 95, cuando nadie iba, y nos atacaban por derecha y por izquierda por ir a los supermercados. Nueve años después estamos en 18 provincias, hay unos 900 centros de jubilados y desocupados y 30.000 personas militan en nuestro movimiento'. Alguna relevancia debe tener esta organización cuando, hace dos semanas, Castells recibió la visita del candidato peronista a la presidencia argentina Adolfo Rodríguez Saá. 'Para hacerse la foto'.

En una casa almacén repleta de alimentos, Castells dirige una reunión de mujeres de familias desocupadas en la que se discuten los precios. El líder en arresto domiciliario dice rechazar los saqueos de comercios, aunque con una argumentación particular: 'Nosotros no creemos que el saqueo como tal sea el camino, no nos interesa salir a saquear. Lo que hemos hecho es discutir con supermercados y les planteamos armar proveedurías y depósitos. Se trata de que lleguen alimentos a nuestra gente a valores mucho más económicos de los que pueden conseguirse comercialmente en todos lados. Entonces nuestros propios compañeros que viven con 150 pesos pueden tener los alimentos a la mitad de precio. Algunos centros comerciales muy grandes han aceptado por dos cuestiones: porque les conviene, porque es un consumo muy grande, y segundo, políticamente les sirve porque saben que en un país tan inestable como el nuestro es mejor llevarse bien con la gente pobre'. Castells recuerda que una de las cadenas comerciales que entregan alimentos perdió 40 supermercados en diciembre pasado, durante los saqueos que precedieron la caída del Gobierno de De la Rúa.

Mañana, último capítulo de la serie: Los que no tiran la toalla.