La Generalitat quiere incrementar los controles legales sobre las empresas subcontratadas

El Gobierno catalán quiere incrementar los controles legales sobre las empresas subcontratadas. Para ello, el titular del Departamento de Trabajo, Lluís Franco, se comprometió ayer a modificar el borrador del futuro reglamento catalán de prevención de riesgos poniendo especial énfasis 'en la seguridad de los trabajadores de las empresas subcontratadas del sector de la construcción', que concentra la mayor siniestralidad.

Franco recordó que a principios de septiembre estará listo el borrador de la ley de prevención de riesgos laborales y que a lo largo del primer semestre de 2002 se han llevado a cabo más de 12.000 inspecciones en empresas. Aseguró también que su Departamento va a reforzar 'un conjunto de actuaciones' para disminuir estos accidentes. El titular de Trabajo participó ayer en la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) en unas jornadas sobre Mujeres y cooperativismo.

Aunque en Cataluña se han registrado un total de 146 accidentes laborales con resultados de muerte en lo que va de año, muy pocas familias de las víctimas optan por la vía judicial para reclamar a las empresas por daños y perjuicios.

Los juicios son largos y costosos. 'Ésta es una situación en la que son las propias familias las deciden de forma libre; es una opción que ellos escogen', dijo Lluís Franco, quien señaló que su Departamento no puede hacer más que 'velar por que no haya coacciones o alteraciones' ante estos pagos a la baja.

'Es verdad que la rapidez de la justicia facilitaría la resolución' de este tipo de conflictos, declaró Franco, y añadió: 'La lentitud de los procedimientos judiciales no se da sólo en materia laboral, sino que se extiende a todos los ámbitos'.

El goteo constante de muertes ha llevado a los sindicatos cuestionar los mecanismos de control de Departamento de Trabajo. Según UGT y CC OO, las cifras de fallecimientos por causa laboral se dispararían y aumentarían el 15% más si en la estadística oficial se incluyeran los accidentes que sufren los trabajadores autónomos. Al respecto, el secretario general de UGT de Cataluña, Josep Maria Àlvarez, reiteró la necesidad de una ley catalana de salud y seguridad en el trabajo y subrayó que el presupuesto de la Generalitat destinado este año a accidentes laborales no llega a dos millones de euros, aunque el Departamento ha impuesto multas en los primeros seis meses por valor de 6,5 millones de euros.

'Resulta difícil hacer un buen seguimiento de los accidentes uno por uno por tratarse de un colectivo que la Administración no puede controlar del todo', señaló Franco. Para el consejero, las 'estadísticas tienen todo el rigor, aunque los parámetros se podrían discutir'. Sobre la última muerte por accidente laboral, ocurrida el pasado miércoles en Riudoms (Baix Camp) cuando un trabajador murió electrocutado, el titular de Trabajo declaró que la empresa implicada ha sido cerrada y que está siendo sometida a una inspección laboral.