Sólo 20 municipios catalanes cumplen los acuerdos ambientales de Río de Janerio

¿Han hecho los deberes de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro los ayuntamientos catalanes? Diez años después, esta semana toma el relevo la conferencia de Naciones Unidades de Desarrollo Sostenible que se celebra en la ciudad surafricana de Johanesburgo. La conferencia ha sido apodada Río+10 y en ella representantes de 730 gobiernos locales de todo el mundo intentarán que las resoluciones se incluyan en la declaración final de la conferencia.

Barcelona firmó en julio el Compromiso Ciudadano para la Sostenibilidad

Una década después de Río, 6.000 ciudades de todo el mundo aplican su Agenda 21

Pero de las declaraciones de intenciones a la acción hay un buen trecho. Así lo demuestra el caso de Cataluña, donde sólo una veintena de municipios han cumplido totalmente con la llamada Agenda 21 Local, una iniciativa surgida de la Cumbre de Río que pretende impulsar las políticas locales de desarrollo sostenible.

Las iniciativas locales se han quedado a mitad de camino aunque más del 70% de los catalanes viven en localidades que ya han comenzado a elaborar sus agendas. Barcelona es la provincia donde un mayor número de ciudades ha hecho los deberes, seguida de Girona, Tarragona y, a cierta distancia, Lleida.

En Cataluña, fue la Diputación de Barcelona la primera en poner hilo a la aguja y ha financiado en el 80% los procesos de implementación de los municipios de la provincia. Además, esta diputación tuvo la dificultad añadida de partir prácticamente de cero, y tuvo que comenzar por elaborar una metodología.

Compromiso social

La Agenda 21 Local fue concebida como programa de acciones y compromisos en materia ambiental, social y económica, que los municipios debían elaborar para afrontar el siglo XXI con políticas encaminadas a lograr ciudades sostenibles: desde la gestión de los residuos en grandes urbes hasta el problema del éxodo de la población rural, pasando por la movilidad, políticas de agua o de energía. El desarrollo de estos compromisos es un proceso lento, que se realiza en tres fases y que en la mayoría de casos supone entre uno y dos años de trabajo.

En Europa, el impulso definitivo a la implementación de la Agenda 21 se dio durante la Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles celebrada en 1994, dos años después de Río, en la que los organismos asistentes firmaron la Carta de Aalborg, un documento que plasmaba su compromiso y al que desde entonces se han adherido decenas de ayuntamientos europeos.

Auditoría de las ciudades

La elaboración de la Agenda 21 comienza con un diagnóstico ambiental de las ciudades, una auditoría que busca detectar las deficiencias en los parámetros que cada municipio considera definitorios de su propia realidad.

En algunos casos, las auditorías se encargan a organismos externos especializados, pero en Cataluña la mayoría de ayuntamientos las han realizado a través de un proceso de participación pública en el que han intervenido todos los agentes ciudadanos: desde el mismo gobierno municipal hasta las entidades, el tejido económico y también expertos en las distintas materias.

Tras este diagnóstico, la Agenda 21 culmina con el llamado Plan de Acción Local (PAL), que concreta líneas estratégicas de actuación de cada municipio. Para ser realmente efectivas, estas líneas deben contar con un calendario de ejecución que establezca prioridades, deben estar cuantificadas económicamente y cada una de ellas debe definir quién tiene las competencias y la responsabilidad de ejecutarlas.

Según explica Antoni Fogué, presidente delegado del Área de Medio Ambiente de la Diputación,, en la provincia de Barcelona, de 310 municipios, un centenar -que representan el 70% de la población- han culminado el proceso o se hallan en la última fase. Fogué señala que, en el caso de los municipios del área de Barcelona, los problemas que deben afrontar con más frecuencia son el transporte, la gestión de los residuos, la introducción de energías limpias y la utilización del suelo en las zonas turísticas de la costa.

Grandes municipios como Igualada, que fue pionero, Viladecans, El Prat, Manresa, Santa Perpètua, Santa Coloma de Gramenet o Cornellà han implementado ya su Agenda 21, mientras que Barcelona, Badalona, L'Hospitalet y Sabadell han finalizado los procesos de participación.

Fogué, responsable de Medio Ambiente de la Diputación de Barcelona, considera la Agenda 21 una herramienta 'muy positiva, porque denota la voluntad de compromiso de los ayuntamientos, nace del consenso y permite actuar a partir de problemáticas muy concretas'. Este diputado provincial destaca también que la implementación de las agendas requiere que 'todos los sectores se impliquen y sean conscientes de la corresponsabilización que tienen desde una familia hasta una gran empresa en hacer posible las políticas sostenibles'.

Como ejemplo de acciones que han sido posibles gracias a la Agenda 21, Fogué destaca el parque fluvial del Besòs, las ordenanzas municipales para estimular la introducción de energía solar de los ayuntamientos de Barcelona, Sant Joan Despí y Terrassa y la propuesta de ordenanza que ha elaborado la misma Diputación sobre instalación de antenas de telefonía móvil.

La ciudad de Barcelona culminó la segunda fase de la Agenda 21 el pasado mes de julio, cuando se firmó el Compromiso Ciudadano para la Sostenibilidad, un documento consensuado por 120 entidades que establece 10 líneas de acción, cada una de las cuales se concreta en 10 acciones para elaborar en 10 años.

El calendario y las partidas presupuestarias estarán definidos dentro de un año. La concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Barcelona, Imma Mayol, se muestra 'muy satisfecha' con un proceso de participación que define como 'muy bonito e interesante' y en el que 15.000 barceloneses han realizado aportaciones.

Pero no todos los municipios han contado con el grado de participación del de la capital catalana. Desde Girona, el coordinador del Área de Medio Ambiente de su Diputación, Ramon Fortià, explica que precisamente la implicación de los ciudadanos es el gran reto de la Agenda 21. Un total de 10 de los municipios de la provincia han finalizado su proceso y cuentan con planes de acción aprobados por sus plenos, y otros 40, entre ellos la ciudad de Girona, se encuentran en fase de diagnóstico. Ante las características de la provincia, todos los municipios han incluido como indicador de sostenibilidad el suelo no urbanizable para regular su uso en el futuro. El resultado es 'positivo', pero Fortià se muestra un tanto escéptico y plantea una cuestión fundamental: 'El gran interrogante que se plantea ahora es si dentro de cinco años se habrán ejecutado las acciones previstas'. 'Corremos el riesgo de que la Agenda 21 se quede en documentos teóricos, y esto sería muy peligroso, porque si los ayuntamientos que no están demasiado convencidos de su utilidad ven que se queda en papel mojado, no van a poner interés', dice. Para este diputado de Girona, la clave tiene un nombre: 'Recursos económicos por parte de las administraciones'.

En Tarragona, el primer municipio en elaborar su Agenda 21 fue Riudecanyes, en el Baix Camp, aunque otros siete, entre ellos Reus, la tienen prácticamente acabada y 16 han comenzado el proceso, según explica el Gabriel Sanz, técnico de Medio Ambiente de la Diputación de Tarragona. En el caso de la capital, fuentes municipales explican que el Ayuntamiento y las industrias químicas firmaron en 1994 un Pacto de Progreso que constituye una declaración de intenciones a partir de la cual se elaborará la Agenda 21.

Finalmente, la provincia de Lleida es la que más tarde ha comenzado a implementar agendas en sus municipios. Sólo Lleida ciudad cuenta con un plan de acciones que aprobó en 2000. El responsable de Medio Ambiente de la Diputación, Xavier Fontalba reconoce que Lleida es la provincia más rezagada, aunque ya son 50 los municipios que han mostrado su intención de implementar la Agenda 21. Fontalba explica que la dificultad con la que topa la provincia es el reducido tamaño de los municipios y sus características y necesidades en políticas sostenibles muy dispares, como las que puedan tener municipios de alta montaña respecto a poblaciones esencialmente agrícolas. Así, 'con una férrea voluntad de avanzar en políticas sostenibles', la diputación ha optado por agrupar poblaciones y ha comenzado por implementar la agenda en la comarca del Urgell.

Una década después de la cumbre de Río, 6.000 ciudades de todo el mundo han puesto en marcha su Agenda 21 y el Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible, un organismo independiente de Naciones Unidas, considera que el trabajo de las corporaciones locales figura entre los 10 mayores éxitos de entre todo el legado de esa cumbre. Además, como señala Imma Mayol, independientemente del grado de ejecución de la Agenda 21, 'es innegable que esa cumbre marcó la entrada de la sostenibilidad en la agenda política internacional'. La incógnita es si en Johanesburgo, los ayuntamientos de todo el mundo lograrán el reconocimiento como instituciones por el que están dispuestos a luchar.