¿Quién mantiene la seguridad ciudadana?

Populares y socialistas andan a la gresca en Sevilla por ver quién tiene más responsabilidad tras los actos vandálicos que se sucedieron en el barrio de Los Pajaritos la pasada semana. ¿A quién corresponde esa competencia sobre la seguridad ciudadana? ¿Al Gobierno central que, a través de su delegado en Andalucía dirige el Cuerpo Nacional de Policía en Sevilla? ¿O al Ayuntamiento, que cuenta con los efectivos de Policía Local?

Los responsables políticos últimos de ambas instituciones, José Torres Hurtado y Alfredo Sánchez Monteseirín respectivamente, continúan 'ausentes' y guardando silencio una semana después del atraco en el que falleció un joven y los incidentes que posteriormente se produjeron.

J. RAYNAUD (PP): 'Queremos que los alcaldes sean responsables de la coordinación policial'

E. NARANJO (PSOE): 'Es una competencia exclusiva del Gobierno y de su delegado, Torres Hurtado'

Los representantes vecinales, ajenos a la polémica, se reunieron ayer con José Chamizo, defensor del Pueblo Andaluz, para señalar la necesidad de mantener la presencia policial en la barriada sevillana tras los incidentes vandálicos. Si no es así, convocarán a principios de septiembre una manifestación contra la inseguridad en los barrios de la periferia.

Los segundos espadas de cada partido en la arena política de agosto en Sevilla, el portavoz municipal popular, Jaime Raynaud, y la alcaldesa accidental, la socialista Evangelina Naranjo, abundaron ayer sobre el asunto y provocaron una nueva polémica con sus declaraciones.

Raynaud abrió la veda el lunes, cuando criticó a Monteseirín por su 'falta de actitud decidida y valiente para dar la cara' ante los disturbios ocurridos. Ayer, el portavoz popular explicó a la prensa los pilares del programa electoral de su partido para las municipales del próximo año y se detuvo especialmente en materia de seguridad ciudadana. 'Queremos una mayor coordinación entre los distintos cuerpos de policía y que el alcalde sea el responsable de esa coordinación'.

¿Pero cómo, si la seguridad ciudadana es competencia exclusiva del Gobierno central? 'El Partido Popular prepara las necesarias modificaciones legislativas desde Madrid para ceder esas funciones a los alcaldes', explicó el portavoz.

Evangelina Naranjo, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento y cabeza visible de su partido en estos días de vacaciones, quiso inmediatamente 'salir al paso de las declaraciones de Raynaud', al que tachó de falta de responsabilidad política.

'Ante un problema de seguridad ciudadana como el de Los Pajaritos hay que tener serenidad, respeto y compromiso con la ciudad y las declaraciones de Raynaud no son buenas para la ciudad', aseguró Naranjo, que reclamó al portavoz popular que 'se enfrente a su partido para pedir al Gobierno, único responsable en esta materia, que al menos reemplace las 600 bajas que el Cuerpo Nacional de Policía ha tenido en Sevilla desde 1996'. La portavoz socialista justificó el silencio del alcalde por la prudencia con la que hay que tratar estos asuntos.

'Conflicto negativo'

El rifirrafe entre ambos partidos escenifica lo que fuentes jurídicas consultadas por este periódico definen como 'conflicto negativo'. 'Ninguna administración quiere ahora asumir su responsabilidad por lo ocurrido. La competencia de seguridad ciudadana es exclusiva del Gobierno central, responsable de la persecución de delitos, con su delegado y subdelegado a la cabeza. El problema es la costumbre de la Policía Local de asumir funciones en esa materia, como en el control de la movida. Y por ahí sí hay parte de responsabilidad que atribuir al alcalde', explicaron las citadas fuentes.

En lo que al menos sí se mostraron de acuerdo ayer ambas formaciones políticas es en que el operativo policial seguirá vigente en Los Pajaritos de forma indefinida, 'hasta que esté garantizada la normalidad, la convivencia y el respeto a los derechos y libertades', dijo Raynaud. Naranjo, por su parte, aportó los primeros datos oficiales sobre los resultados del operativo: 150 denuncias contra conductores de ciclomotores, por conducir sin casco, falta de seguro o documentación incompleta; y 10 vehículos requisados por no poder acreditar el motociclista la propiedad del mismo.