A la captura del voto de HB

La dura reacción de ETA ante la eventual ilegalización de Batasuna como partido político da medida de la extraordinaria importancia que concede al trabajo que ha venido realizando HB en su beneficio y refleja también la gran preocupación que tienen los propios dirigentes de la organización abertzale ante las dificultades que acarreará esta situación. Arnaldo Otegi, por ejemplo, no ha ocultado que la ilegalización les impedirá mantener una presencia pública continuada y la apariencia de 'normalidad' que tan buenos resultados les ha dado hasta ahora.

La principal preocupación de los abertzales es, sin duda, su probable expulsión de la vida municipal institucional. Hasta ahora, HB ocupa alcaldías y concejalías en ciudades y pueblos pequeños, pero si la coalición es ilegalizada no podrá concurrir a las próximas elecciones y deberá abandonar todos esos despachos. Es posible que algunos militantes poco conocidos consigan concurrir a los comicios bajo otras siglas o nombres, aquí y allá, pero es evidente que la ilegalización impedirá una presencia masiva, así como los cientos de actos públicos, el dinero y el despliegue de propaganda oficial de que han dispuesto hasta ahora.

Los dirigentes de Batasuna son conscientes de que una buena parte de su voto se irá al PNV, más todavía de lo que ocurrió en las pasadas elecciones autonómicas. Y los dirigentes peneuvistas no ocultan que harán todo lo posible para consolidar el voto de Batasuna que recogieron entonces y, si es posible, para aumentarlo. 'El Partido Nacionalista Vasco votará en contra de la ilegalización de HB y radicalizará su lenguaje por consideraciones electorales, porque quiere capturar su voto', asegura un dirigente socialista acostumbrado a negociar con el PNV. 'Siempre hemos dicho que el PNV quería representar a todos los nacionalistas vascos y eso incluye a los de HB. No es una novedad', contesta un antiguo miembro de la ejecutiva peneuvista.

La dificultad, según algunos nacionalistas moderados, estriba en que HB (y ETA) crean que el PNV no puede quedarse con sus votos sin contraer al mismo tiempo algunas obligaciones y decidan ejercer toda su presión para que abra y, sobre todo, acelere el camino de confrontación y ruptura con la legalidad española. Así lo ha explicado ya Otegi y así figura de manera explícita en los mensajes de ETA, que se atribuye el derecho a juzgar los pasos que va dando el PNV.

Uno de los momentos importantes para calcular esa presión será el pleno del Parlamento vasco previsto, teóricamente, para el 12 de septiembre. El lehendakari Ibarretxe anunció que analizaría entonces el grado de cumplimiento del Estatuto y adoptaría, incluso unilateralmente, las medidas que considerara convenientes. No se ve bien qué salida puede tener ese pleno, dado que el Gobierno de Aznar se ha negado a negociar nuevas transferencias estatutarias sin que el lehendakari cumpla una serie de condiciones previas y que asumir unilateralmente competencias es algo mucho más complicado de lo que parece. De las últimas declaraciones de Xabier Arzalluz parece deducirse que el PNV prefiere olvidar, al menos de momento, la vía de las decisiones unilaterales, la ruptura del marco jurídico, que tanto temor provoca entre los empresarios vascos, incluidos los nacionalistas, y abrir un capítulo de movilizaciones populares.

Lo más decisivo llegará, sin embargo, a partir de febrero o marzo, cuando el Tribunal Supremo dicte su sentencia sobre Batasuna. Si decide ilegalizarla, habrá llegado el momento de examinar con lupa el comportamiento del PNV y constatar el grado de cumplimiento de la voluntad judicial por parte del Gobierno y de las instituciones vascas. 'El PNV tiene todo el derecho del mundo a votar en contra de la Ley de Partidos Políticos, aunque no nos guste', afirma un dirigente socialista, 'pero una vez aprobada esa ley, y por mucho que no les guste a ellos, el Gobierno vasco tiene la obligación absoluta de cumplirla y hacerla cumplir'. Hacer otra cosa sería caer en la desobediencia civil que pregonan HB y ETA.

Los dirigentes del PSOE ya han hecho llegar a la dirección del PNV su compromiso firme con la nueva estrategia política que supone la ilegalización de HB y su deseo de que el PNV reaccione con prudencia y busque cauces de entendimiento con las fuerzas democráticas. El PSOE recuerda que ETA acaba de renovar sus ataques y que los militantes socialistas y populares en el País Vasco están hoy más amenazados que nunca, y, en consecuencia, más necesitados que nunca del apoyo del Gobierno de Vitoria.

José Luis Rodríguez Zapatero, que mantiene un contacto fluido con el vicepresidente Mariano Rajoy, (al igual que Alfredo Pérez Rubalcaba lo hace con Javier Zarzalejos, en La Moncloa, y Juan Francisco López Aguilar con el nuevo ministro de Justicia, José María Michavilla) ha hecho saber, sin embargo, que está en desacuerdo con la carta que ha enviado el ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, al lehendakari Ibarretxe.

La irrupción de Arenas en el tema vasco ha sido acogida con preocupación e irritación por los socialistas, que le acusan de buscar protagonismo en un tema que exige modos muy discretos. 'La carta de Arenas está pensada como una simple provocación, lo que no tiene sentido en un asunto tan grave como el del País Vasco', critica uno de los responsables socialistas de los contactos con el PP. 'Esperemos que Arenas no se convierta en interlocutor para estos temas y que no mezcle la ilegalización de Batasuna con ningún otro asunto. Hasta ahora, los populares han mantenido que convenía acelerar el proceso de ilegalización de Batasuna, precisamente para que no se mezclara con otros asuntos y menos aún con el pleno del Parlamento vasco sobre el grado de autogobierno y el desarrollo del Estatuto y deseamos que sigan en esa línea, mucho más sensata'.