La Junta exigirá por decreto un seguro de responsabilidad civil para las balsas de residuos

El decreto anunciado por la Junta a principios de 1999 para regular la autorización y control de las balsas de residuos ha tardado casi cuatro años en materializarse: la norma autonómica está ya en manos del Consejo Consultivo, que debe dar el visto bueno jurídico antes de su aprobación. El decreto amplía las disposiciones incluidas en una orden estatal de 2000 para depósitos mineros, elaborada a partir de varias recomendaciones de la Junta tras el vertido de Aznalcóllar, al resto de la industria y a parte del sector ganadero, que tendrán que contratar seguros de responsabilidad civil por sus balsas.

El Gobierno central aprobó el 26 de abril de 2000, justo dos años después de la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar y del desastre ecológico en el entorno de Doñana, una orden con unas disposiciones técnicas que pretendían llenar el vacío legal que había dejado al descubierto el vertido en el valle del Guadiamar. La orden se elaboró tras un acelerado trabajo de coordinación con las comunidades autónomas, responsables de supervisar la seguridad minera, en el que las aportaciones de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico (entonces Industria y Trabajo) fueron abundantes.

La orden estatal establece que para autorizar la construcción, explotación, recrecimiento y abandono de las balsas mineras, el propietario debe presentar a las Administraciones (la Junta en el caso andaluz) detallados proyectos en los que incluya algunas cuestiones que se derivan directamente de la experiencia de Aznalcóllar: análisis de las avenidas de los cauces próximos, estudio pormenorizado sobre las características del subsuelo sobre la que se aposenta el depósito o coeficientes de seguridad más estrictos en el cálculo de las presiones. Desde hace más de un año, las explotaciones mineras en activo deben haber contratado una póliza de seguros para hacer frente a daños a terceros, además de entregar una fianza para hacer frente al coste del plan de abandono y elaborar un completo plan de emergencias.

Límite de 60 millones

El límite máximo de la póliza a la que obliga la norma minera va de los 60 millones para las presenten más riesgos de daños muy importantes en caso de rotura a los 600.000 euros en los casos menos peligrosos. La fianza, que se revisa cuando se presenta el plan de abandono, estará entre el 60% y el !00% de lo presupuestado en este plan.

Ahora, tras un trabajo conjunto de las Consejería de Empleo, Medio Ambiente y Agricultura, la Junta extenderá estas disposiciones al resto de la industria y a algunas actividades agrarias, concretamente a los depósitos de residuos en vaquerías con más de 200 madres de cría, cebaderos de vacuno con más de 1.000 cabezas, granjas porcinas con más de 200 madres de cría o más de 1.000 de cebo y explotaciones caprinas u ovinas con más de 1.000 hembras. Los propietarios industriales y ganaderos con balsas ya en funcionamiento tendrán que suscribir la poliza y formalizar la fianza a los tres meses de la aprobación del decreto, exigencia de la que se salvarán las balsas de alpechín (residuo de la aceituna), que causan una parte importante de los episodios contaminantes en ríos andaluces.