El concejal Viñals confía en salir absuelto en el 'caso funeraria'

El concejal de Salud y Consumo, Simón Viñals, del PP, se mostró ayer convencido de que saldrá absuelto de los delitos que le imputan el fiscal anticorrupción y los grupos IU y PSOE, personados como acusación popular y particular, respectivamente, por su participación en la venta del 49% de la empresa funeraria a la compañía privada Funespaña por un precio inferior a su valor (100 pesetas). Viñals, junto a Antonio Moreno, edil de Patrimonio y Régimen Interior, y el diputado regional Luis María Huete se enfrentan a penas de seis años de prisión y 25 de inhabilitación por la presunta comisión de tres delitos: prevaricación, malversación de caudales públicos y maquinación para alterar el precio de las cosas. El fiscal ha pedido para todos ellos prisión provisional.

El juicio por el llamado caso funeraria, se celebrará este otoño en la sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia. Tras conocerse el escrito del fiscal solicitando la apertura de juicio oral, varios miembros del Gobierno municipal pidieron en una reunión del grupo popular la dimisión de los dos concejales encausados. Pero Viñals, que ayer asistió a un acto junto a Mercedes de la Merced, alcaldesa en funciones, descartó que vaya a dimitir y dijo sentirse 'cada vez más feliz y más tranquilo' ante el proceso judicial.

'Uno de los principios básicos de la justicia es la presunción de inocencia. Espero, confío y ansío que este proceso se sustancie cuanto antes y, hasta tanto no haya una sentencia, que espero que será favorable y que me permitirá salir por la puerta grande, no tengo por qué dimitir ni renunciar a nada', afirmó el edil de Sanidad. 'Máxime cuando estoy absolutamente convencido de que este proceso se va a solucionar con absoluta garantía de absoluta inocencia para los que estamos supuestamente implicados', concluyó Viñals.

Fianza

En la causa están también imputados los tres beneficiarios de la operación: José Ignacio Rodrigo, ex miembro del consejo de administración de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios y presidente de Funespaña; Ángel Valdivia, consejero delegado de Funespaña, y su hermano Juan Antonio Valdivia, vicepresidente.

José Ignacio Rodrigo fue contratado por Viñals como asesor del Gobierno municipal en el proceso de privatización de la funeraria. Al mismo tiempo, Rodrigo estaba involucrado en la oferta que presentó Funespaña y tenía 'los pertinentes acuerdos con los hermanos Valdivia para participar accionarialmente en la misma tras la adjudicación del contrato', según los escritos de conclusiones provisionales presentados por el fiscal anticorrupción, IU y PSOE. Además de las penas de cárcel, el fiscal solicita que Viñals, Moreno y el diputado regional Luis María Huete abonen solidariamente con los otros tres encausados una fianza de 90 millones de euros (15.000 millones de pesetas).