La investigación revela numerosas irregularidades en el funcionamiento de los juzgados

El agente judicial Francisco Calero fue señalado de inmediato como el principal sospechoso de ser el autor material del robo y borrado informático de sumarios. Varios compañeros declararon ante la juez que lo habían visto sentado ante ordenadores ajenos, precisamente las máquinas desde las que se realizaron los borrados. Los vigilantes manifestaron que Calero iba habitualmente al juzgado fuera de su horario de trabajo, y que recibía a personas que se presentaban preguntando por 'el secretario [judicial] Calero'.

Pero el agente no fue el único investigado. La UDYCO también hizo averiguaciones sobre otro funcionario adscrito al Juzgado número 2 que años atrás había sido investigado por pasar bajo precio información confidencial a los imputados en una causa. La implicación de este empleado en el robo, descartada posteriormente, fue la causa de que la primera juez encargada de investigar el caso, Blanca Esther Díez, lo abandonase, ya que el funcionario trabajaba en su juzgado.

Las pesquisas se extendieron también a otro funcionario sospechoso por su elevado tren de vida de mantener actividades ilícitas. Una carta anónima dirigida al fiscal jefe de Málaga, Manuel Villén, y adjuntada al sumario, acusaba a este trabajador de estar implicado en el robo y señalaba su relación con Calero y con el que fue responsable de la empresa municipal Contratas 2000, José Luis Jiménez -imputado en el caso de la estatua rusa, uno de los sustraídos-. El denunciante anónimo manifestaba en su carta que actuaba por 'odio y venganza' ya que, decía, había pagado al funcionario al que implicaba dinero para que influyera sobre un juez en un caso y lo había perdido. La implicación de este trabajador en el robo tampoco quedó probada, y su testimonio fue uno de los que sirvió para inculpar a Calero.

Otro asunto turbio destapado durante la investigación, y que ahora sigue la Fiscalía de Málaga, es el de los coches y motos de lujo intervenidos en operaciones policiales que Calero guardaba en su garaje. Los vehículos debían haber sido almacenados en un depósito judicial, pero Calero tenía autorizaciones firmadas por varios jueces de Marbella que le permitían no sólo guardarlos, sino utilizarlos. La UDYCO cuestiona en su informe la autenticidad de la mayoría de estas órdenes judiciales.

El revuelo provocado por el robo de sumarios y la muerte de Calero provocó situaciones verdaderamente críticas entre el personal de los Juzgados de Marbella: tensiones, desconfianza, bajas por depresión y peticiones de traslado -hasta un 30% de los funcionarios solicitó el pasado mes de diciembre otro destino, según el sindicato UGT-. La prometida limpieza en los juzgados quedó en un cuestionado expediente disciplinario a tres secretarios judiciales, y la vía muerta en que se encuentra el caso no disipa la sombra de la sospecha que se cierne sobre esta sede judicial.