La policía tramita la expulsión de 2 argelinos que dejaron la UPO con el aval de Chamizo

Dos argelinos que dejaron el encierro de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) el miércoles para dirigirse a Lleida fueron detenidos por la policía poco después de abandonar el campus, a pesar de que ambos mostraron el escrito del Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, donde se recoge la intención de 'las autoridades de no proceder a la detención de ninguno de los ciudadanos cuando abandonen voluntariamente el encierro'. Otros 25 inmigrantes han dejado la protesta.

Uno de los inmigrantes detenidos por la policía ha regresado a la universidad con el inicio del procedimiento sancionador abierto por la policía, que derivará en una orden de expulsión salvo que se atienda su recurso.

A los argelinos M. B. y A. S. no les sirvió de nada mostrar el documento del Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, el pasado 30 de julio, cuando abandonaron el encierro de la Universidad Pablo de Olavide, para evitar que la policía les detuviera. Ambos inmigrantes, que pretendían viajar a Lleida, fueron detenidos en la barriada de Montequinto, en Dos Hermanas, poco después de salir del campus, donde se habían encerrado el pasado 10 de junio junto a otros 400 extranjeros.

Tras ser detenidos por agentes a caballo, los argelinos fueron trasladados a dependencias policiales donde, a pesar de mostrar el escrito de Chamizo en el que se indica que 'existe por parte de las autoridades competentes la intención de no proceder a la detención de ninguno de los ciudadanos cuando abandonen voluntariamente el encierro', los funcionarios comenzaron a tramitar el procedimiento administrativo sancionador previo a la orden de expulsión.

La policía, según relató uno de los inmigrantes, negó validez al documento del Defensor del Pueblo andaluz para evitar la tramitación del proceso de expulsión.

Este escrito, sin embargo, fue presentado como 'un salvoconducto' ofertado por Chamizo a todos los inmigrantes que dejasen la protesta en el campus para garantizar que, mientras se tramitaban sus expedientes ante las respectivas Delegaciones del Gobierno, no fuesen detenidos ni expulsados.

En la carta, Chamizo explica a los inmigrantes que la institución solicitó 'la paralización de cualquier trámite dirigido a la expulsión de un ciudadano mientras se encuentra a la espera de la resolución de su expediente o la tenga recurrida en vía administrativa o jurisdiccional, ya que para esta institución dicha suspensión es la única manera de no ocasionar al recurrente indefensión'.

Los inmigrantes disponían de 48 horas para presentar sus alegaciones contra el inicio del procedimiento sancionador, que expiraban ayer. Uno de los argelinos, que asegura llevar dos años en España, decidió regresar al campus de la Universidad Pablo de Olavide, el otro optó por irse de Sevilla.

Un grupo de 25 argelinos abandonó ayer por la mañana el encierro después de la intervención del cónsul en España, Abdelkrim Benchiah, según el portavoz de la comisión jurídica de la UPO, Andrés Rodríguez Benot, informa Europa Press.

Unas 150 personas (los inmigrantes aseguran que son 340) mantienen el encierro, pese a la escasez de alimentos, que se ha reducido debido a la duración del encierro (el próximo 10 de agosto cumplirán dos meses) y el comienzo de las vacaciones en las organizaciones e instituciones colaboradoras.