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Editorial:

Jueces responsables

La sanción disciplinaria por falta muy grave impuesta por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a los tres magistrados que decretaron la libertad provisional de Carlos Ruiz de Santamaría, El Negro -siete meses de suspensión para el ponente y seis para los otros dos- ha suscitado reacciones airadas por parte de algunos de los compañeros de los sancionados, trasladadas al órgano de gobierno de los jueces en forma de divisiones, tensiones y votos particulares. Lo que nadie parece discutir es que la Constitución establece que los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial son 'independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley'.

Descartada por el Tribunal Supremo la sanción penal para los jueces, la puesta en libertad de un presunto narcotraficante a punto de ser juzgado, con el argumento de que el trastorno bipolar diagnosticado por el psiquiatra -alteración acentuada del estado de ánimo- 'aparece como elemento neutralizador del riesgo de fuga', merece algún tipo de sanción. Y sobre todo, cuando se impone a ese presunto narcotraficante una ridícula fianza de cinco millones de pesetas. La fuga, en esas circunstancias, de un recluso para quien el fiscal pedía 60 años de cárcel y 69.000 millones de pesetas de multa como cerebro de un intento de introducir en España 10 tonenalas de cocaína fue sentida como una burla por amplios sectores de la sociedad. Y como una afrenta por las familias y asociaciones de ayuda de los drogodependientes. En el más benévolo de los supuestos, los magistrados se mostraron distraídos o poco atentos respecto a la naturaleza del informe pisquiátrico o su alcance sobre la decisión de liberar a un preso. Es decir, actuaron con 'desatención', como señala el expediente sancionador.

La posibilidad, barajada en algún sector judicial, de que se haya utilizado un error para apartar de la Audiencia Nacional a magistrados que revocaban decisiones del juez Garzón contra el entorno de ETA no pasa de ser un juicio de intenciones. De ser cierta, esa actuación resultaría obscena y debería generar responsablidades. Pero en ningún caso podría convertirse en un blindaje, de modo que impida toda depuración de responsabilidades de los jueces concernidos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 31 de julio de 2002