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Editorial:

Más cárcel para Conde

La sentencia dictada ayer por el Supremo sobre el caso Banesto cierra casi ocho años de instrucción judicial con un notable endurecimiento de las penas impuestas en su día por la Audiencia Nacional. El efecto inmediato ha sido el ingreso en prisión de Mario Conde y de tres de sus principales colaboradores. Otros dos condenados eran buscados ayer para el cumplimiento de sus penas. La defensa del hombre que presidió Banesto entre los años 1987 y 1993 ha anunciado que recurrirá en amparo al Tribunal Constitucional, iniciativa a la que se sumarán probablemente los demás condenados. Pero, según la doctrina consolidada en los últimos años, el recurso de amparo no evita el cumplimiento de las penas de cárcel de larga duración.

El Supremo parte, como es lógico, de los hechos declarados probados por la Audiencia Nacional en la primera sentencia sobre el caso Banesto, que se dictó en abril de 2000. Pero introduce algunas valoraciones jurídicas novedosas, que han tenido graves efectos penales para algunos de los implicados. La más interesante es la dimensión delictiva que el Supremo otorga a los artificios contables llevados a cabo para ocultar al Banco de España la verdadera situación de Banesto antes de su intervención, en diciembre de 1993. Otra ha sido el carácter de delito continuado que atribuye a una de las apropiaciones indebidas imputadas a Conde.

La sentencia del Supremo eleva la condena a Conde 10 años a 20 años y dos meses. Y ello, porque el Supremo considera que la retirada de 300 millones de pesetas de las cajas de Banesto -cantidad que Conde alegó haber entregado al ex presidente Suárez por una supuesta mediación ante el gobernador del Banco de España, pero cuya entrega nunca acreditó- constituyó una apropiación indebida continuada y, por tanto, no prescrita. La Audiencia Nacional estimó que esa apropiación fue un solo delito ya prescrito al dictar sentencia. Esta calificación ha supuesto para Conde una pena adicional de seis años y un día.

El Supremo ha apreciado delito de falsedad documental en los artificios contables realizados por Conde y el entonces consejero delegado de Banesto, Enrique Lasarte, para ocultar al Banco de España la situacion de la entidad bancaria, lo que se ha traducido en cuatro años de condena para ambos. El Supremo ha llegado a la conclusión de que fueron los verdaderos protagonistas de esos artificios contables, que los conocieron y consintieron. Lasarte, que ayer ingresó en prisión, había sido absuelto por la Audiencia.

No escapa de la condena del Supremo, aunque también lograra salir absuelto ante la Audiencia Nacional, el empresario Jacques Hachuel, uno de los personajes con los que se alió Conde para maquillar su gestión al frente de Banesto. Hachuel es condenado a cuatro años de prisión por la Operación Carburos Metálicos -apropiación indebida de 1.344 millones de pesetas-, por la que también han sido condenados Arturo Romaní -cuya pena de 13 años y ocho meses se mantiene inalterable- y el ex consejero Rafael Pérez Escolar, que ve aumentada su condena en este caso a cuatro años, al considerar el Supremo que fue autor y no sólo cómplice del delito.

Si cabía, la sentencia del Supremo sobre el caso Banesto refuerza la conclusión, ya puesta de manifiesto por la Audiencia Nacional, de que los artificios contables desplegados por Mario Conde y sus cómplices al frente de Banesto constituyeron un simple ejercicio de encubrimiento de operaciones destinadas a enriquecerse personal e ilegalmente a costa del banco, y no de audaces -e incomprendidas- iniciativas financieras cargadas de futuro, como los propios interesados y su bien engrasado aparato mediático pretendieron hacer creer. La justicia ha podido probar que el quebranto económico producido a Banesto por esas operaciones alcanzó unos 8.000 millones de pesetas sobre los 16.000 millones barajados en el juicio.

Tras la sentencia del Supremo, Banesto podrá resarcirse del quebranto sufrido con propiedades inmobiliarias de Conde y de los otros condenados, algunas de ellas adquiridas con el dinero estafado al banco. Mario Conde y la antigua cúpula de Banesto no van a la cárcel por su aventurera y nefasta gestión al frente de Banesto, que provocó un agujero patrimonial de 605.000 millones de pesetas y la obligada intervención del Banco de España. La bancarrota de su gestión fue sufragada por el contribuyente hasta que Banesto pudo ser subastado. Pero es meridiana la estrecha relación que existió entre la situación de quiebra técnica en la que se encontraba Banesto en diciembre de 1993 y el afán de enriquecimiento de sus gestores a costa de los accionistas del banco.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 30 de julio de 2002