El 61% de los alumnos con discapacidades estudian en centros escolares ordinarios
Un total de 9.000 firmas apoyan la campaña en favor de la integración
De los 15.291 alumnos catalanes con discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales, 9.400 (el 61%) estudian en centros ordinarios como cualquier otro alumno de su edad y 5.891 (el 39%) están segregados en centros especiales. De éstos, el 59% estudia en centros de educación especial privados y el resto, el 41%, en centros públicos, según la Plataforma por una Escuela Inclusiva. El total de alumnos de 3 a 16 años el pasado curso, tanto en centros públicos como privados, era de 826.206.
La Generalitat está preparando el Plan Director de la Educación Especial en Cataluña, que comportará la revisión y planificación de la oferta de los centros de educación especial y de sus plantillas de profesionales, y la de recursos específicos en los centros ordinarios.
Orientación clara
Además, con este plan la Generalitat también quiere conseguir, en el plazo de dos años, la ordenación del sector de la educación especial de modo que todas las familias tengan la orientación necesaria para encontrar la mejor respuesta educativa para su hijo, poderlo escolarizar sin problemas y disponer de apoyo profesional especializado para su educación.
La Plataforma por una Escuela Inclusiva considera que las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso a las escuelas ordinarias y deberían ser objeto de especial atención pedagógica. Las escuelas ordinarias con esta orientación integradora, en su opinión, son el medio más eficaz para combatir actitudes discriminatorias.
El colectivo, que ha recibido el apoyo de casi 9.000 personas (procedentes del ámbito pedagógico y de la comunidad educativa, pero también de partidos políticos y sindicatos), se apoya en los resultados obtenidos en pruebas piloto en diversos centros. Según la plataforma, la escuela ordinaria proporciona más posibilidades a los alumnos discapacitados.
Por otra parte, el pleno del Parlament aprobará hoy, a petición de CiU, PSC, ERC e ICV, presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Cualificaciones y Formación Profesional.
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