De la Torre dice que Málaga ha dado 'un gran pelotazo'

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga se afanó ayer en explicar las bonanzas del convenio urbanístico suscrito con la compañía Altadis sobre el futuro de los terrenos de la fábrica de tabacos de Málaga hasta el punto de considerarlo 'un gran pelotazo para la ciudad'. Así lo dijeron el alcalde, Francisco de la Torre, y el concejal de Urbanismo, Manuel Ramos.

La oposición, en cambio, sostiene que quien realmente saca beneficios de la operación es la compañía de tabacos, que podrá construir 200 viviendas y un hotel sobre una superficie edificable de 42.500 metros cuadrados junto a las naves industriales, que están protegidas y pasan a ser de propiedad municipal.

Izquierda Unida, que cuantificó en 30 millones de euros los beneficios que obtendrá Altadis, consideró un regalo injustificable para una empresa que ha sido 'desleal con Málaga' por cerrar 'sin razones objetivas' una fábrica que daba empleo a 160 personas.

Para el alcalde, sin embargo, la ciudad sale beneficiada porque pasa 'de no tener nada a disponer de 50.000 metros cuadrados' en los terrenos de la fábrica. De ellos, 30.000 están ocupados por las naves industriales, que están protegidas y que el Consistorio rehabilitará para situar allí la sede unificada de las dependencias que ahora tiene repartidas en distintos puntos de la ciudad.

El concejal de Urbanismo desgranó los siguientes argumentos que le llevan a considerar la operación un pelotazo municipal: El Ayuntamiento obtiene un terreno suficiente para su sede, con lo que ahorrará unos costes anuales de 4,8 millones de euros, e ingresará 12 millones de euros por la venta de edificios que ya no le serán necesarios, más otros 4,2 millones de euros que le corresponderán por su participación en los beneficios que reporte la parcela reservada para usos hoteleros.

Ramos explicó que, de acuerdo al planeamiento vigente, Altadis tenía derecho al desarrollo de 82.000 metros cuadrados de suelo industrial, en el que podía haber abierto un centro comercial. Rechazó también la petición de la oposición de expropiar los terrenos para dedicarlos íntegramente a equipamiento social porque estimó que hubiera costado a las arcas municipales al menos 18 millones de euros.