Los tres obstáculos del acuerdo

Ana Palacio debutará en septiembre como ministra de Exteriores en las negociaciones sobre Gibraltar en circunstancias especialmente incómodas. La prensa británica ha hecho del desembarco español en Perejil la caricatura de un imperialismo trasnochado. Y ha potenciado el reflejo en la opinión pública del Reino Unido de la oposición que mantienen los gibraltareños a un acuerdo para compartir la soberanía del Peñón entre Madrid y Londres.

En torno a ese rechazo de los llanitos gravita el bloqueo que las conversaciones padecen desde finales de abril, cuando se daba casi por hecho que el compromiso llegaría antes de julio.

Compartir la soberanía es más que nada un objetivo británico, ya que España siempre reivindicó la plena soberanía del islote. Si Madrid ha aceptado ahora bajar un peldaño en sus reclamaciones, incluso por tiempo indefinido, se debe a que, por primera vez, Londres admite la posibilidad de cerrar un compromiso aunque se opongan los gibraltareños.

Desde 1984, las negociaciones toparon con que Londres decía que no podía hacer nada porque los llanitos no querían. El motivo es que el preámbulo de la constitución del Peñón de 1969 establece que el Reino Unido no podrá modificar el estatuto de soberanía sin el consentimiento de aquéllos. Tras la entrevista que Josep Piqué mantuvo con su homólogo Jack Straw el pasado septiembre, los británicos decidieron que sí podían firmar un acuerdo, aunque no aplicarlo sin someterlo a referéndum.

El compromiso constitucional británico sigue marcando, sin embargo, una de las seis líneas rojas trazadas por las dos partes para expresar los límites de sus posibles concesiones en torno a los tres problemas de la negociación:

1. La consulta. España nunca había aceptado que se preguntara a la población de Gibraltar por su futuro. Este es el único de los problemas en el que se ha estado siempre lejos de un acuerdo concreto. La línea roja británica es aquí el compromiso de realizar la consulta. La española, que la expresión de voluntad gibraltareña no pueda ser interpretada como un acto de autodeterminación. España no reconoce ese derecho a los llanitos porque el Tratado de Utrecht prevé que la soberanía sobre Gibraltar revierta a España si el Reino Unido renuncia a sus derechos.

El objetivo español ha sido siempre que el acuerdo relativo a la soberanía conserve su validez, y comprometa a gobiernos británicos sucesivos, aunque los gibraltareños lo rechacen.

La primera propuesta española fue firmar directamente un tratado sustitutivo del de Utrecht. Londres respondió que, para que el nuevo estatuto y las nuevas instituciones del Peñón puedan funcionar, es imprescindible que sea negociado con los propios gibraltareños. Piqué propuso entonces separar el tratado del estatuto. El primero cubriría esencialmente el tema de la soberanía compartida, y el segundo los aspectos institucionales y organizativos de la plaza. En la visión española, el tratado no sería tema de consulta. Londres sometería, en cambio, el estatuto a un referéndum perfectamente aceptable para España, como lo sería el relativo a cualquier estatuto de autonomía.

El Reino Unido consideró que su compromiso con Gibraltar le impide firmar un tratado en esas condiciones y, desde el pasado enero, formuló la propuesta que se sigue trabajando: Madrid y Londres firmarían una declaración de principios relativa a la soberanía, y, en concreto, a los tres problemas que aquí se mencionan. Luego, esa declaración tendría que ser desarrollada en un Tratado que incluyera todos los aspectos prácticos y, que, por tanto, no podría ser negociado sin la colaboración y aprobación de los gibraltareños. Esta fórmula no acaba de colmar las pretensiones españolas, porque la declaración no puede ser ratificada y su validez jurídica es cuestionable.

Londres sostiene que, aunque carezca del valor jurídico de un tratado, la declaración tiene suficiente fuerza política como para obligar a sucesivos gobiernos, de manera que las dos partes dejarían sentado de modo estable que la salida del contencioso pasa por compartir la soberanía y no por la autodeterminación de los gibraltareños.

En esencia, lo que los británicos ofrecen es cerrar un primer paso, que consideran sólido, para iniciar un largo proceso hacia la solución definitiva del contencioso. Hasta aquí, la parte española ha considerado que eso es poco para comprometerse a compartir la soberanía indefinidamente, ya que la evolución futura del acuerdo no está suficientemente garantizada y presenta riesgos.

2. La duración del acuerdo. La línea roja española implica que, aun compartiendo la soberanía de Gibraltar por tiempo indefinido, Madrid no renuncia a la soberanía plena. La de Londres, que el acuerdo tenga la suficientes garantías de estabilidad como para que España no vuelva a abrir el contencioso en un futuro previsible. Los británicos rechazan la fórmula de soberanía compartida a plazo, como los cincuenta años que ofreció en la pasada década Abel Matutes, porque eso implica que Gibraltar pasaría a ser español concluido el periodo. La parte española acepta que el acuerdo no ponga término a la soberanía compartida, pero pide que incluya la misma garantía prevista en el Tratado de Utrecht de que España tendrá un derecho preferente a la plena soberanía sobre Gibraltar si los británicos renuncian a sus responsabilidades. Londres admite este compromiso, pero sigue exigiendo una palabra que garantice su estabilidad. Madrid entiende que el término 'definitivo' es excesivo. Las posiciones están tan próximas que Piqué y Straw cerraron a finales de abril en Valencia un principio de acuerdo de que la soberanía será compartida de modo 'permanente'.

3. La base militar. Es un tema complicado que el Gobierno británico puso tarde sobre la mesa a impulsos de las protestas surgidas de sus servicios secretos y estamentos militares, tan virulentas que llegaron a ser asumidas por el propio ministro de Defensa, Geoff Hoon, contrario al compromiso. Los negociadores consideran que el problema tiene solución. Londres acepta que no puede pretender retener la plena soberanía sobre la base, porque el acuerdo es que las dos partes son igualmente soberanas sobre la totalidad del territorio y la base absorbe más de un 40% de éste. Madrid ofrece la experiencia de sus bases conjuntas con Estados Unidos, como muestra de que se puede tener la soberanía de unas instalaciones y ceder el control operativo de las mismas.