Las muertes por accidentes laborales aumentaron un 4,4% en los cinco primeros meses de 2002

Las huelgas en el sector de la construcción a finales de 1999 y la intensa presión sindical en 2000 llevaron a los agentes sociales y las Administraciones a pactar varias medidas en los dos últimos años para tratar de frenar la siniestralidad laboral. Pero los efectos de esas políticas, que se suman a las de la última década, son aún muy incipientes, como demuestran las muertes de dos obreros en Cádiz esta última semana y la estadística entre enero y mayo: los accidentes laborales provocaron 70 muertos en Andalucía, tres fallecimientos más (un 4,4% más) que en idéntico periodo de 2001.

Entre el 10 y el 15 de julio, los accidentes de trabajo se cebaron con Cádiz. Un muro, que no estaba apuntalado, se derrumbó en una obra de San Fernando y sepultó a tres trabajadores: uno murió inmediatamente, otros dos sufrieron diversas fracturas. Otros tres obreros cayeron, tras ceder el andamio, desde una altura de ocho metros en un hotel de Chiclana, lo que les ocasionó graves lesiones físicas (uno de ellos tiene una vértebra rota que le afecta la médula espinal). La caída desde el andamio se repite en Olvera y la capital: dos heridos graves más. Un nuevo accidente, esta vez en los Astilleros, acabó con la vida de otro trabajador. En la mayoría de los siniestros, faltaban las medidas de seguridad más elementales, lo que llevó a los sindicatos y al delegado de la Consejería de Empleo, Agustín Barberá a cargar contra la Inspección de Trabajo.

El aumento de la plantilla de este cuerpo es una exigencia clásica de los sindicatos. Las centrales admiten que ha habido grandes avances en la sensibilización para la prevención de riesgos laborales, pero matizan que no guardan 'ninguna proporcionalidad' con los medios para ejercer la labor inspectora. Antonio Rodríguez Bustamante, secretario regional de la federación de construcción de CC OO, sostiene que 'no se trata de poner un policía detrás de cada empresa, pero las plantillas están bastante cortitas para el ingente trabajo que hay. Ahora, además está en aumento la contratación irregular de inmigrantes, lo que añade aún más tarea'. Como ejemplo, recuerda la última denuncia que Comisiones presentó en Almería, en una empresa que tenía trabajadores latinoamericanos sin dar de alta que incluso dormían en la obra. 'La Inspección fue 40 días después...', se queja.

Según sus datos, de los 280.000 obreros de la construcción, unos 2.500 son extranjeros contratados en regla y otros 4.000, de forma ilegal. Aunque el porcentaje es bajo en el conjunto del sector, su nivel de riesgos es alto por su falta de formación y porque trabajan a destajo, dos factores que también inciden entre los empleados nacionales. En palabras de un inspector, 'es el resultado de pasar del olivo al andamio'.

Más inspectores

Desde los sindicatos se argumenta, además, que la falta de medios obliga a la Inspección a ir 'a remolque de los accidentes'. Un inspector reconoció que esta crítica no iba descaminada y estimó que tres de cada cuatro actuaciones están motivadas por denuncias o partes de accidentes. Entre los inspectores se cree necesario un incremento del 20% en la plantilla y, sobre todo, aumentar los medios informáticos de personal de apoyo para aligerar el trabajo previo y posterior a las inspecciones.

'Incrementar los recursos siempre es bueno', concede Carlos Domínguez, el jefe adjunto de la dirección regional de la Inspección de Trabajo. En la actualidad, forman la plantilla 98 inspectores, una cifra que parece exigua para controlar las prácticas laborales de decenas de miles de empresas. Domínguez defiende que la intervención de la inspección ha crecido año a año y aporta datos: entre enero y mayo de 2001, se documentaron 2.968 infracciones, mientras que en ese periodo este año se detectaron 3.127. Y la labor inspectora en Andalucía (ver gráfico) es similar a la de otras comunidades.

'Es demasiado simplista y poco riguroso relacionar los accidentes laborales con la labor coercitiva de los inspectores, es mucho más que eso, es mucho más importante que haya un cambio cultural en las empresas y eso tardará, se necesita formar a la gente desde los primeros niveles de la educación', acota el jefe adjunto de la Inspección.Ese cambio cultural era una de los objetivos incluidos en el último acuerdo de concertación social firmado en mayo del año pasado por sindicatos, patronal y Junta de Andalucía.

El acuerdo incluía la creación de un Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales y de un cuerpo autonómico de coordinadores-asesores en prevención de riesgos, que tendrían como misión complementar la labor de los inspectores de Trabajo.

El acuerdo de concertación preveía que el Instituto se pusiera en marcha en un año, pero el bloqueo de la concertación -primero por las elecciones internas en los agentes sociales, luego por el clima de crispación previo a la huelga general- ha afectado a su desarrollo, aunque Dionisio Valverde y Antonio Moya, representantes de UGT y la CEA, respectivamente, en las negociaciones de la concertación, aseguran que es uno de los aspectos en los que hay mayor consenso. Lo cierto es que aún no se ha aprobado el anteproyecto de la ley que debe regular el Instituto y que el correspondiente trámite parlamentario alargará su puesta en marcha al menos hasta 2003.

Otras medidas, como generalizar los incentivos a las empresas que cumplan con los planes de prevención, están más paradas. 'La toma de datos estadísticos es incorrecta y no creemos apropiado premiar a empresas por cumplir la ley, ni tampoco creemos exclusivamente en políticas coercitivas, lo importante es la formación', esgrime Moya, quien mantiene que el sector empresarial andaluz ha hecho 'un esfuerzo extraordinario' en los últimos años por aplicar la prevención. El dirigente de la patronal admite, eso sí, que aún queda mucho trabajo por hacer en las pequeñas empresas, las que concentran las subcontratas y los accidentes.