El 37% de los encerrados en la UPO comenzó a tramitar su regularización fuera de Andalucía

La comisión jurídica de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) buscó salidas administrativas para los 434 inmigrantes encerrados inicialmente en el campus buceando en las posibilidades que ofrece la Ley de Extranjería. Entre ellas, la petición de la exención de visados para los argelinos que procedían de la Cabilia, la región más castigada por la violencia, y los procedentes de países africanos en conflicto bélico. El informe jurídico revela que 161 inmigrantes (el 37% de los encerrados) ya habían iniciado los trámites de regularización fuera de Andalucía, en concreto, en Barcelona, Zaragoza y Alicante.

El encierro de inmigrantes en la UPO comenzó hace más de 40 días, pero la información sobre su procedencia geográfica, provincia de residencia y situación administrativa ha sido una incógnita casi todo este tiempo. Los promotores de la protesta dijeron al principio que la mayoría eran marroquíes y que todos eran temporeros rechazados en la campaña fresera de Huelva.

Pero la realidad retratada por la comisión jurídica, tras la primera recopilación de datos, que no incluía la identificación personal ni los números de pasaportes (sólo la información facilitada verbalmente por los encerrados), era radicalmente distinta. El gran núcleo estaba compuesto por argelinos (354), a los que se habían sumado mauritanos (una treintena), marroquíes (19) y subsaharianos (28). El primer informe de los abogados voluntarios también revelaba que 161 inmigrantes, el 37% de los encerrados, tenían en marcha sus expedientes de regularización fuera de Andalucía.

Tanto el origen geográfico como su lugar de residencia habitual en España tenían gran importancia para hallar una solución al conflicto. El Defensor del Pueblo andaluz enfocó su negociación partiendo de que el grueso de los encerrados eran marroquíes rechazados en la campaña fresera. 'Al provenir de Huelva, permitía política y jurídicamente argumentar razones de peso a la hora de solicitar su regularización', esgrimía el defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, en el escrito que dirigió el miércoles 17 a los encerrados en el que les anunciaba que finalizaba su labor.

La comisión jurídica, sin embargo, esbozó salidas administrativas diferenciadas, previstas en la Ley de Extranjería, para ofrecer una solución a cada encerrado. Sólo algunos casos, como los 14 inmigrantes que no habían recurrido el expediente de expulsión y estaban fuera de plazo, estaban sin salidas.

Para los 18 inmigrantes, procedentes de Marruecos y Argelia, que aseguraron no tener pasaporte, la única salida era lograr que sus respectivos consulados les documentasen antes de iniciar cualquier otro procedimiento. Para los 17 que habían recurrido la expulsión, la comisión planteaba que se realizase un seguimiento en las subdelegaciones del Gobierno o los juzgados de la provincia donde se hubiera emitido.

Los encerrados que no habían iniciado ningún trámite para regularizar su situación eran 92. De ellos, la mayoría (71) eran bereberes procedentes de la Cabilia, la comarca de Argelia más castigada por el conflicto interno, y uno de una zona de Costa de Marfil sumergida en una guerra. Para ellos, la comisión planteaba que se solicitase la exención de visado por proceder de áreas en conflicto.

Con sus expedientes en tramitación los abogados contabilizaron 293 casos, que representaban el 67,5% del total de encerrados. Un gran grupo, formado por 231, tenía los expedientes 'vivos', pero sólo 56 los había tramitado en Andalucía (Almería y Huelva). Aunque no había datos sobre 14 personas, el núcleo mayor estaba integrado por 161 inmigrantes que habían solicitado su regularización fuera de Andalucía.