Los relevos en la cúpula de Interior destapan los problemas de seguridad e inmigración

Los relevos del delegado del Gobierno para la inmigración, Enrique Fernández-Miranda, y del secretario de Estado de Seguridad, Pedro Morenés, por el secretario de Estado para la Administración Pública, Ignacio González, y el subsecretario de Justicia, Ignacio Astarloa, respectivamente, evidencian los problemas existentes en seguridad ciudadana e inmigración reconocidos por el presidente José María Aznar en el reciente debate sobre el estado de la nación.

Fernández-Miranda y Morenés eran los principales responsables de dos de los grandes problemas que tiene España, según reflejan todas las encuestas: la inmigración y la inseguridad ciudadana. El recién nombrado ministro de Interior, Ángel Acebes, ha tardado una semana en cambiar a esos altos cargos para afrontar la solución de los problemas.

El destituido delegado del Gobierno para la Inmigración, que abandona el cargo a los dos años de su nombramiento, siendo ministro del Interior, Jaime Mayor,había acumulado reclamaciones de dimisión de muchos de los partidos de la oposición y de las organizaciones sociales relacionadas con la inmigración. Incluso dentro del PP, el alcalde de Las Palmas, José Manuel Soria, había cuestionado su política.

Su mandato fue polémico desde el primer momento con su decisión de proponer una vía de regularización a inmigrantes ecuatorianos que consistía en pagarles un viaje a su país, donde conseguirían los documentos necesarios para regresar a España. Se presentaron casi 25.000. Cuandel ministerio de Interior había costeado 4.000 viajes, menos del 20% de los comprometidos, Mariano Rajoy, que había sustituido a Mayor, decidió regularizar al resto de ecuatorianos sin necesidad de que viajaran a su país.

Sus conflictos con las instituciones han sido constantes, como el que mantuvo con el Gobierno canario que llegó a acusarle de 'altaneria' ante la inmigración al oponerse a la creación de una red de centros de acogida para inmigrantes sin papeles.

Recientemente, volvió a entrar en contradicción con Rajoy al anunciar una reforma más restrictiva de la Ley de Extranjería, que el ministro desinfló considerablemente al día siguiente.

Por su parte, Pedro Morenés,el destituido secretario de Estado de Seguridad, abandona el cargo tras el fracaso del Plan Policía 2000, las duras críticas de la oposición, y el reconocimiento por parte del presidente del Gobierno, en el debate sobre el estado de la nación, de la gravedad que ha alcanzado el problema de la delincuencia y el anuncio de nuevas medidas para afrontarlo.

No obstante, Morenés ha realizado una importante gestión en la dirección de la lucha antiterrorista, con la desarticulación de numerosos e importantes comandos de la banda ETA. Morenés fue nombrado en mayo de 2000 por Jaime Mayor y ha contado con la confianza de José María Aznar.

De tal manera que fue candidato a suceder a Mayor en febrero de 2001 cuando el ministro dimitió para presentarse como candidato a las elecciones vascas de mayo de ese año.

Fernández-Miranda fue relevado ayer por Ignacio González, de 42 años, secretario de Administración Pública, desde enero de 1999. Fue precisamente el hoy titular de Interior, Angel Acebes, quien lo nombró para ese cargo cuando a su vez fue nominado ministro de Administraciones Públicas en esa misma fecha.

Ignacio Astarloa, de 47 años, sustituye a Morenés. Aunque nacido en Madrid tiene fuertes raíces vascas y su decisión de aceptar el cargo, además de su confianza con Acebes, que lo nombró subsecretario de Justicia en 2000, tiene mucho que ver con su compromiso político con el País Vasco. Es jurista y en 1985 fue nombrado letrado mayor del Parlamento vasco para organizar la institución. Su papel, además, ha sido clave en la gestación de la Ley de Partidos, que puede promover la ilegalización de Batasuna.

El nombramiento de Ignacio González como delegado del Gobierno para la Inmigración dejó vacante la Secretaría de Administración Pública que ocupará a partir de ahora Julio Gómez-Pomar, de 45 años. Gómez-Pomar, inspector de Hacienda, fue desde mayo de 2000 director general de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial del Ministerio de Hacienda.

El cuarto nombramiento de entidad es el de Ramón Gil-Casares, de 48 años, como secretario de Estado de Política Exterior en sustitución de Miqel Nadal. Gil-Casares, diplomático de profesión, era, desde mayo de 2000, director del Departamento de Internacional y Seguridad del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Se le considera una persona del círculo íntimo de Aznar, del que fue compañero de colegio.

Otros nombramientos: José Pedro Sebastián de Erice, subsecretario de Exteriores; María José García Beato, subsecretaria de Justicia; Bartolomé Barceló, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia; María Dolores de Cospedal, subsecretaria de Interior; José Marí Olano, subsecretario de Trabajo; Marino Díaz Guerra, subsecretario de Administraciones Públicas y Pablo Vázquez Vega, subsecretario de Sanidad y Consumo.