Cerca de un centenar de inmigrantes abandona de madrugada el encierro de la Pablo de Olavide

El encierro de inmigrantes en la Universidad Pablo de Olavide se ha reducido notablemente en las últimas horas, tras el abandono de cerca de un centenar de personas durante la madrugada del miércoles. La cifra aproximada de encerrados, tras esta salida y otras anteriores, ronda los 250, aunque la universidad rebaja la cantidad a 200. Buena parte de los inmigrantes que abandonaron el campus entregaron antes su documentación a los abogados de la comisión jurídica, que se desplazaron hasta la UPO a última hora del martes para recoger los datos.

Los encerrados que permanecen en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) son ya todos de nacionalidad argelina, a excepción de la única mujer que participa en la protesta, la rumana Adriana Elena Covaci. Después de la marcha de medio centenar de mauritanos y marroquíes la semana pasada, durante la madrugada del miércoles salieron del campus universitario una treintena de subsaharianos y alrededor de 60 argelinos, que se negaban a proseguir con el encierro, iniciado hace 38 días, en vísperas de la cumbre de la UE en Sevilla.

Con estas salidas, a las que se agregan otros abandonos individuales que pueden llegar a la veintena, según diversas fuentes, la cifra de inmigrantes que permanecen en el recinto universitario oscila entre 200 y 250. Este colectivo aseguró ayer que continuará con el encierro, pero que emprenderán nuevas acciones de protesta.

Antes de la salida del centenar de inmigrantes, un grupo numeroso solicitó a las autoridades académicas la reanudación de los trabajos jurídicos de la comisión -que concluyeron la semana pasada después de que los inmigrantes decidieran suspender la colaboración con los abogados- para poder entregar su documentación y recibir un escrito del Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, mediante el que se trata de evitar la expulsión del inmigrante en caso de ser detenido. En ese texto, el Defensor explica que el inmigrante está inmerso en un procedimiento administrativo para regularizar su situación en España. Los inmigrantes también reciben un listado con los teléfonos de los abogados de cada provincia que se encargarán de seguir el desarrollo de sus expedientes.

Cerca de medio centenar de inmigrantes presentó sus documentos a los abogados movilizados desde la UPO, que estuvieron trabajando desde las 21.30 hasta la medianoche, según Andrés Rodríguez Benot, el coordinador de todo el equipo de abogados voluntarios que ha participado en el proceso. Casi todos los que entregaron sus datos el martes a la comisión jurídica abandonaron el recinto universitario en las horas siguientes, a excepción de algunos casos. Durante la jornada de ayer, sin embargo, ningún inmigrante solicitó la labor de los abogados, encargados de tramitar los procedimientos administrativos de todos los encerrados. La comisión jurídica, con los últimos casos, ha gestionado unos 130 expedientes completos, que se remiten al Defensor del Pueblo andaluz para que los canalice hacia la Delegación del Gobierno en Andalucía y a las diferentes provincias donde los inmigrantes han realizado los primeros trámites. Chamizo recibió el lunes los primeros 80 expedientes, pero ayer explicó que todavía no concluirá su labor para atender los casos que puedan sumarse a última hora, como ocurrió con el medio centenar del martes. 'Técnicamente me parece improcedente cerrar la negociación', dijo ayer.