El Monte aprueba por unanimidad recurrir la sanción de la Junta

El Consejo de Administración de El Monte acordó ayer, por unanimidad, recurrir la sanción de 150.250 euros que le impuso el pasado 2 de julio el Gobierno andaluz por poner trabas en el proceso electoral que vivió la entidad a finales del año pasado. La entidad interpondrá un recurso contecioso-administrativo contra la decisión de la Junta, al entender que no faltó a su deber de facilitar la tarea supervisora de la Consejería de Economía.

El instructor del expediente abierto por Economía consideró que la caja incurrió en una falta muy grave y estableció una multa de 1,89 millones de euros, que luego la Junta rebajó a 150.250 euros (25 millones de pesetas), siguiendo las recomendaciones del Banco de España. La Junta sí mantuvo la sanción prevista al entonces presidente de El Monte, Isidoro Beneroso: cinco años de inhabilitación y 30.000 euros de multa. Algunos consejeros, como el presidente de la Diputación de Huelva, José Cejudo (quien votó contra la decisión de no suministrar la lista de impositores a Economía), se habían mostrado remisos a apoyar ayer el recurso contra la multa de la Junta, pero al final todos respaldaron esta medida.

Venta frustrada

Los consejeros de El Monte también fueron informados de que la entidad mantiene el 40% de Serurban, la empresa propietaria de 270 hectáreas de terrenos en el término de Moguer (Huelva), junto a la costa y al parque natural de Doñana. El Consejo aprobó el pasado día 9 la venta de esas acciones a las constructoras onubenses de Rafael Morales y de José Hernández de Mercado, por 54, millones de euros. Pero al día siguiente, fecha límite para la compra de acciones, ninguna de esas empresas aportó la cantidad convenida.

Tras esta venta frustrada, El Monte ha decidido cambiar de rumbo para involucrarse en el desarrollo inmobiliario de estos suelos. Eso sí, con nuevos socios: constructores sevillanos, agrupados en la empresa Lateral, han adquirido por 4,8 millones de euros el 44% de Serurban (cuyo capital inicial era sólo de 60.000 euros) que estaba en manos de Antonio Ponce, presidente de la patronal onubense y Víctor Fuentes, presidente de los constructores de la provincia. La operación ha sido posible gracias a un nuevo crédito de El Monte, según fuentes del Consejo.