El PSOE denunciará en el debate del estado de la nación el incumplimiento del Pacto de Justicia

Hace sólo un año, el Gobierno, el Partido Popular y el PSOE suscribieron con solemnidad un Pacto de Estado de Justicia, con un balance actual muy decepcionante, según los socialistas. La dirección del PSOE ha decidido 'dar un aviso' al Gobierno para que rectifique con la presentación el martes, en la segunda sesión del debate del estado de la nación, de una resolución en la que se denuncian los incumplimientos y se exige un plan financiero inmediato. Entre otras resoluciones socialistas figura el derecho al matrimonio de homosexuales y la regulación de la eutanasia.

El segundo y último pacto de Estado del PSOE con el Gobierno, en torno a la justicia y tras el firmado contra el terrorismo, dista mucho de tener satisfecho a uno de los firmantes, el PSOE. El hecho de presentar una resolución muy dura, que se unirá a otras 24 como conclusión del debate de la nación que empieza el lunes, es un 'aviso' al Gobierno de que el paso siguiente puede ser más drástico.

El PSOE exige la presentación del plan financiero 'comprometido en el Pacto de Estado por importe de 1.500 millones de euros, complementarios a los Presupuestos, en el que debe reflejarse, entre otras medidas, el plan de implantación de juicios rápidos, las obligaciones derivadas de la carta de derechos de los ciudadanos, retribuciones de la carrera judicial y fiscal, aí como establecer el importe de las dotaciones presupuestarias para los próximos siete años'. Ese tiempo es el establecido para el pacto.

En el preámbulo de la resolución se acusa al Gobierno de 'estar más pendiente de maniobrar para consolidar su poder ante el Poder Judicial, de utilizar al fiscal general del Estado para blindar a sus ministros y de imponer las opciones corporativas de los jueces y fiscales más que conservadoras que de modernizar la justicia en desarrollo del pacto'. La resolución señala que 'los ciudadanos no están apreciando sustanciales mejoras en el funcionamiento de este servicio público en tanto que las reformas que se plantean no llevan la necesaria dotación económica'.

No es posible que el fiscal general del Estado sea elegido por instancia diferente al Gobierno, ya que así lo marca la Constitución. Pero el PSOE pretende que el Parlamento 'intervenga' en ese nombramiento mediante 'una audiencia previa'.

El bloque de resoluciones, coordinado por la secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista, María Teresa Fernández de la Vega, dedica un capítulo a la 'garantía de derechos y dignidad de la persona', y en ellas se pide 'el matrimonio civil sin limitación alguna por razón del sexo de los contrayentes'. Asimismo, pide al Gobierno la regulación en materia de eutanasia que supere a la contenida en el Código Penal, acorde con los principios que inspiran las nuevas legislaciones de los países de nuestro entorno'. El PSOE pedirá, además, la elaboración de una ley de interrupción del embarazo, dado que la legislación actual sobre el aborto se enmarca en la despenalización de determinados supuestos. El PSOE pide un cuarto supuesto más, que equivaldría a la demanda clásica de 'aborto libre y gratuito', al poner el énfasis en que ante todo será determinante 'la libertad de decisión de la mujer'.

Desigualdades

En el bloque social de propuestas entra la sanidad -una ley que coordine la salud pública en todas las comunidades autónomas para evitar desigualdades-, y se da relevancia a algunas materias sobre consumidores. El PSOE pide al Gobierno que en un plazo de seis meses se rebaje del 16% al 4% el IVA que se aplica a las compresas higiénicas y los pañales para niños o adultos.

La seguridad ciudadana compone otro bloque de iniciativas ya solicitadas durante los últimos meses. También se cita la liberalización del suelo para construir viviendas más asequibles, que es otra de las demandas, con la concreción de que el 40% de los 50 millones de metros cuadrados de suelo público que cita el PSOE se liberalice para facilitar el abaratamiento de la vivienda, sobre todo para jóvenes y para la construcción de pisos de alquiler.

Un modelo audiovisual nuevo, tanto para el sector público como privado, se solicita en otra resolución que pide la creación de un consejo general de medios audiovisuales con poder sancionador que actúe como autoridad estatal independiente del Gobierno y de los poderes económicos, empresariales y financieros. El PSOE exige también la reforma de la ley de televisiones privadas para 'adaptarla a la realidad actual, redefiniendo las normas sobre topes accionariales'.