La Junta reclama al Ejecutivo un total de 45 competencias

El Gobierno andaluz reclama de la Administración central el traspaso de 45 competencias a la comunidad autónoma, aunque sólo pone la señal de urgencia sobre cuatro de ellas: las políticas activas de empleo, las cuencas hidrográficas (cogestión en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir), asistencia y servicios sociales del Instituto Social de la Marina y la ampliación y liquidación de las transferencias de justicia. Tras las elecciones de 2000, los Ejecutivos de Madrid y Sevilla dieron por terminada la dinámica de 'confrontación' que caracterizó la legislatura anterior e iniciaron una ronda de conversaciones para cerrar las transferencias de un primer paquete. Abrió la nueva etapa una entrevista entre el presidente del Gobierno, José María Aznar, y el de la Junta, Manuel Chaves, a la que sucedieron varias reuniones a nivel medio para pactar costes y contenidos de las competencias.

El acuerdo en el espinado asunto de la financiación autonómica, en el verano pasado, hizo albergar fundadas esperanzas sobre la firma de los traspasos de las materias más trabajadas, pero, dos años después del tú a tú entre Aznar y Chaves, las cosas están donde estaban, y con renovadas dosis de crispación, tras el último fiasco de la cesión de las políticas activas de empleo. Desde 1997 los diferentes titulares de la cartera de Trabajo -Javier Arenas, Manuel Pimentel y Juan Carlos Aparicio- han comprometido las transferencias (1.627 trabajadores y 190 oficinas del Inem), aunque en el último momento el Gobierno dio un golpe de timón con el argumento de que restan 'flecos técnicos'. Junta, PSOE y el resto del arco parlamentario (excepto el PP) han emprendido campañas de denuncia y presión al Ejecutivo de Aznar, que, de hecho, canalizaron parte del debate político hasta el polémico decreto de reforma del desempleo y la huelga general.

Política de aguas

Las cuencas hidrográficas para poder diseñar una política de aguas es otra de las competencias más reivindicadas históricamente. El traspaso de la Confederación Hidrográfica del Sur fue apalabrado, incluso, durante los gobiernos de Felipe González, y la petición de la del Guadalquivir ha registrado importantes mutaciones. En un primer momento, cuando los socialistas estaban en La Moncloa, el PSOE y la Junta se opusieron a que fuera transferida. Más tarde, el propio Chaves ofertó una fórmula de gestión mixta. No ha sido considerada.

La ausencia de complicaciones para dejar en manos de Andalucía los servicios sociales y asistencia sanitaria del Instituto Social de la Marina, o liquidar y ampliar las competencias de justicia, ha colocado a estos dos asuntos en un lugar preferente, pese a que el Gobierno andaluz otorga mayor importancia a otras competencias, como el Parque Nacional de Doñana, el Archivo de Indias, la policía autonómica y ferrocarriles cuyo itinerario discurren íntegramente por la comunidad.