El fiscal pide entre 6 y 21 meses para los detenidos por la huelga de basuras

Dos semanas después de los disturbios ocurridos durante la huelga de basuras en Málaga -que se saldó con 38 detenidos y 600 contenedores quemados- seis jóvenes se sentaron ayer en el banquillo, acusados de desórdenes públicos, atentado y daños. El fiscal pidió para ellos penas de seis a 21 meses y multas de 1.000 euros. Sus abogados solicitaron la absolución, después de que los inculpados negaran los cargos.

El juzgado penal 9 tenía previsto celebrar ayer 12 juicios con 17 acusados por desórdenes durante la huelga de Limasa. Sin embargo, la falta de tiempo sólo permitió que se llevaran a cabo cuatro vistas orales, con seis imputados. El resto se aplazó al jueves de la semana que viene.

Los juicios se celebraron uno tras otro; en algunos casos con un acusado y en otros, con dos. Los argumentos, los interrogatorios y los relatos fueron similares.

Las penas solicitadas por el fiscal oscilaron entre los seis y los 21 meses y siempre por los delitos de atentato, resistencia a la autoridad, desórdenes públicos o daños. Además, para los acusados de quemar contenedores, en general, el ministerio público pidió multas de 1.080 euros.

En casi todos los casos juzgados ayer, los imputados negaron su participación en los disturbios y proclamaron su inocencia. Sólo alguno admitió haber quemado bolsas de basura. De ahí que sus defensas pidieran su libre absolución. Casi todos los inculpados eran jóvenes, defendidos por abogados de oficio.

La fiscalía basó su acusación en los atestados policiales y en el testimonio de los agentes que durante dos días no dieron abasto para sofocar los disturbios ocasionados por la huelga. A los chavales se les acusaba de quemar y formar barricadas con contenedores, de lanzar piedras a la policía o de resistirse a la autoridad.

Los agentes no siempre pudieron confirmar con rotundidad que cada acusado fuera autor de los hechos que concretamente se le imputaban, porque 'todo fue muy rápido'. No obstante, ante la insistencia de las defensas, mantuvieron que los que fueron detenidos aquellas dos noches lanzaron piedras, quemaron contenedores, obstaculizaron la labor de los bomberos o alteraron la paz pública.

Las defensas consideraron 'desproporcionadas' las penas solicitadas por la fiscalía, exceso que achacaron a que el Código Penal recoge los desórdenes públicos sólo como delito y no como falta: 'Es desmedido, porque son conductas leves que constituyen faltas y no pueden ser consideras delitos'.