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La presión fiscal sube un 4,6% en Alicante este año pese a las promesas de congelación del PP

El Ayuntamiento crea nuevas tasas, sube tributos y recurre a las contribuciones especiales

El PP ha aplicado en la ciudad de Alicante una redistribución tributaria bajo el nombre de congelación de impuestos. Pero la presión fiscal real por habitante no ha sido invariable: ha aumentado en el último año un 4,6%, de 371,18 euros en 2001 a 388,36 en 2002, según datos municipales. El gobierno local que preside Luis Díaz Alperi ha creado nuevas tasas (recogida de basura), ha aumentado precios públicos del Ayuntamiento, ha incrementado algunos impuestos indirectos y está recurriendo a las contribuciones especiales para financiar actuaciones municipales.

Con todo, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), dos de las principales fuentes de la financiación municipal, no suben desde 1996. Y es en ese dato en el que se escuda el gobierno local para sostener que está cumpliendo su promesa electoral de no subir los impuestos. No puede decir lo mismo del Impuesto sobre Vehículos, que se incremento en 2000. La redistribución tributaria consiste a grandes rasgos en mantener invariables los tipos de los grandes impuestos (IBI, IAE y Vehículos) al tiempo que se incrementan los precios de las tasas y se crean nuevos precios públicos y conceptos tributarios.

La oposición municipal entiende que se trata de una subida de la presión fiscal en toda regla. Para el Grupo Socialista, las promesas electorales de congelación tributaria son una simple artimaña del PP, una cuestión semántica. 'Lo cierto es que la presión fiscal en Alicante ha subido', resalta el edil socialista Pedro Boj.

El incremento de la presión fiscal se sustenta principalmente en la nueva tasa por la recogida de residuos sólidos urbanos. Por esta carga al contribuyente, el Ayuntamiento ha previsto ingresos por importe de casi seis millones de euros. La recaudación global en concepto de tasas ya alcanza el 10% del presupuesto general de ingresos del Ayuntamiento, frente al 43,2% que se recaudan por impuestos directos. En anteriores gobiernos socialistas la carga por la recogida de basuras estaba subsumida en el IBI. Era una forma de simplificar la gestión tributaria: en un mismo recibo se cobraba la carga tributaria por el bien inmueble y el servicio de recogida de basuras. Ahora se ha desgajado.

Según datos que maneja María Teresa Revenga, concejal de Hacienda, entre las 52 capitales de provincia españolas Alicante ocupa el puesto 21 en esfuerzo fiscal -cantidad de euros que realmente se pagan- por el IBI, el 17 por el IAE, el 23 por el Impuesto sobre Vehículos y el 5 por el Impuesto sobre Construcciones y Obras (ICO). En el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos Alicante está a cabeza de España, aunque ese primer puesto lo comparten 18 capitales de provincia.

La subida más espectacular (del 85%) llegará el próximo enero, cuando entren en vigor las nuevas tarifas por el arrastre y depósito de vehículos. Recuperar un turismo arrastrado por la grúa costará 100 euros, 46 más que ahora. Revenga defiende el incremento. 'Ese servicio lo deben costear los infractores y no la globalidad de los contribuyentes'.

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Endeudamiento

Para argumentar la creación de la tasa de basuras María Teresa Revenga alude a la necesidad de 'acceder a las subvenciones que la Unión Europea concede a los municipios que cumplen el principio de que el que contamina paga'. Y asegura que con la nueva tasa se hace frente al sustancial incremento de la nueva contrata de basuras. A la par que la presión fiscal, sube la deuda municipal y bajan (6,02%) las transferencias de la Generalitat. El Grupo Socialista considera que el gobierno local ha entrado en una dinámica alarmante que se complica con el bajo índice de recaudación, fruto de una 'deficiente gestión tributaria'. Lo peor, según el edil Pedro Boj, es que el endeudamiento crece para sufragar gastos corrientes y no para financiar las inversiones que necesita la ciudad.

El gobierno local, por su parte, mantiene que la situación financiera del Ayuntamiento de Alicante es 'saludable' y no hay motivos para el alarmismo que pregona la oposición.

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