Un informe encargado por Economía propone que se hagan públicos los fraudes contables

Las empresas han de mejorar su contabilidad y aumentar la transparencia para devolver la confianza a los mercados. Ésta es la línea maestra que guía el Libro Blanco elaborado por un grupo de expertos nombrado por el Ministerio de Economía para adaptar la contabilidad española a las normas internacionales. Proponen un centenar de reformas, entre ellas, que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el Banco de España puedan hacer públicas las infracciones contables. Las Cámaras de Comercio podrían establecer un sistema de arbitraje para dirimir conflictos.

Los últimos escándalos financieros -Enron, Xerox, WorldCom y Vivendi- han deteriorado la fiabilidad de las cuentas de las empresas. Ahora toda precaución parece escasa y bajo este síndrome acaba de cerrarse el libro blanco para el estudio y propuestas de reforma de la contabilidad en España, preparado por una comisión de expertos.

La comisión fue creada en marzo del pasado año por Ministro de Economía, con el objetivo de preparar la adaptación de las normas contables españolas a las internacionales (IAS). La fecha de incorporación es en el año 2005, pero la cuentas del ejercicio 2004 deben estar cerradas en paralelo con los criterios españoles e internacionales.

El calendario apremia. La comisión inició sus trabajos con anterioridad a que saltaran los casos que estos días provocan temblores en las Bolsas, y los concluye en pleno debate sobre la realidad o ficción de las cuentas de las empresas.

En esa comisión están representados todos los sectores que pueden tener algún interés en el asunto. Están el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Hacienda, el Instituto Nacional de Estadística, varias asociaciones profesionales y empresariales, entre ellas la CEOE. El presidente de honor es José María Fernández Pirla y el presidente es José Antonio Gonzalo Angulo.

A partir de este libro blanco, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) deberá presentar las propuestas para la adaptación contable española a las normas internacionales, lo que en principio sólo afectará a las sociedades que cotizan en Bolsa. Como punto de partida, proponen que sólo haya un órgano emisor de normas contables. Sería el propio ICAC, lo que significaría asumir parte de lo que ahora es el campo de actuación de la CNMV y el Banco de España.

Tanto la CNMV que preside Blas Calzada, como el Banco de España que dirige Jaime Caruana, quedarían sobre todo como órganos de supervisión. Para que su labor sea más eficaz, los expertos entienden que, además de sancionar las infracciones contables, podrían hacerlas públicas a través de Internet.

También se propone un mecanismo para resolver los conflictos o controversias con terceros afectados por una determinada información contable. La comisión establece un mecanismo de arbitraje gestionado por las Cámaras de Comercio, para resolver los conflictos de manera 'rápida y económica'. Otras propuestas para mejorar la trasparencia se refieren al contenido de la memoria y son las siguientes:

Viabilidad. La empresa debería informar a sus accionistas y de forma explícita sobre su viabilidad futura. El informe señala que 'la empresa debe proceder a hacer una exposición de los motivos, así como los principales factores que puedan incidir en el devenir futuro de la entidad como empresa en funcionamiento'. En las empresas medianas y grandes proponen la creación de una serie de indicadores sobre su exposición al riesgo que se incluyan también en la memoria.

Información adicional. Otros aspectos a incluir en la memoria serían los siguientes: operaciones de autocartera; hechos posteriores al cierre de las cuentas; dividendos por acción de las acciones ordinarias, rescatables y sin voto y porcentaje que representan sobre los beneficios; litigios pendientes; pagos a auditores y empresas relacionadas con éstos; información sobre terceros vinculados; participaciones significativas y no sólo las que superen ciertos límites; etcétera.

Informe social. Los expertos proponen que se incluya en la memoria información sobre las actuaciones en favor de los trabajadores, consumidores, la colectividad local, el empleo, los salarios, la formación y promoción profesional, seguridad y salud laboral, etcétera.

Internet. Dado que la mayor parte de las empresas difunden ahora información a través de Internet, los expertos entienden que se debería establecer alguna norma obligatoria para garantizar la fiabilidad y transparencia de la información.