La carta de Montoro

Por fin se ha hecho oficial el proyecto de reforma del IRPF, y ahora empieza su trámite parlamentario. Puede que sorprenda a más de un lector que la reforma esté aún pendiente de aprobación definitiva. Y es que pudo haber creado confusión la carta que el ministro Montoro nos envió hace unas semanas a todos los contribuyentes por IRPF, al dar la impresión de que la reforma ya estaba aprobada.

Que la carta de Montoro confundiera es lógico. Los gobiernos nunca informan de forma personalizada sobre leyes inexistentes. La carta de Montoro, al comentarnos una ley que no está vigente, no tiene precedentes en la democracia española. Primero, porque supone un menosprecio al Parlamento, poder que hace las leyes. Esto al menos formalmente, a pesar de la hipertrofia del papel del Ejecutivo en los sistemas políticos con gobiernos de elección parlamentaria y con parlamentarios elegidos sólo en listas amplias, pues ya se sabe que las formas, en democracia, acaban siendo el fondo. Segundo, porque es impropio que el Gobierno emplee fondos públicos para pagar una campaña de propaganda política. Quizá la inmediatez de la huelga general debilitó los escrúpulos democráticos del ministro de Hacienda. La carta, de fecha 3 de junio, se distribuyó en los días precedentes al 20-J, como si fuese parte de una contracampaña del Gobierno.

Más en general, los gobiernos no envían cartas individualizadas a los ciudadanos explicando las características de la legislación fiscal u otras. Así, por ejemplo, el ministro del Interior no nos escribió para explicarnos los cambios recientes, e importantes, en las sanciones por infracciones de circulación. Son los partidos políticos, en las campañas electorales y con fondos del propio partido (que después recuperan en todo o en parte con subvenciones), los que se dirigen a los electores glosando las bondades de sus políticas y, a veces, los defectos de las ajenas.

Yendo ya al fondo de la carta, su información es parcial, cuando no engañosa. Una de las mayores falacias es el olvido de la inflación acumulada entre 1999 y 2002 y sus efectos fiscales. El cambio es importante, pues entre finales de 1998, cuando entró en vigor la anterior reforma del IRPF, y finales de 2002, cuando entrará en vigor la próxima, se habrá acumulado un aumento del IPC del 13,9%, de acuerdo con los datos de 1999 a 2001 y la situación actual de 2002.

Esto cambia mucho las cosas. Cuando la carta afirma que 'aumentan los descuentos personales' falsea la realidad, pues el mínimo vital general del contribuyente será inferior, en términos reales, a los 3.306 euros vigentes desde 1999. Para mantener su valor, esta cifra debería convertirse en 3.765 euros en 2003; como el descuento aplicado será de 3.400 euros, la pérdida real respecto a 1999 será del 10%.

La carta también exagera en cuanto a las deducciones por hijos al afirmar que 'aumentan en mayor medida'. Considerando la inflación, los 1.400 euros de descuento por el primer hijo de tres o más años implican un aumento real de sólo el 1%.

Aún más contradictorio es lo que sucede con la afirmación de que habrá 'mayor reducción por rendimientos del trabajo'. En realidad, la reducción general por rendimientos del trabajo del proyecto es inferior, en términos reales, a la de 2.254 euros vigente desde 1999, que en euros de 2003 sería de 2.567. Como la reducción general prevista es de 2.400 euros, hay un descenso real del 7%. Por eso, el dictamen del Consejo Económico Social (CES) ha criticado que no se recupere la erosión causada por la inflación en la reducción por rendimientos del trabajo.

El CES también critica los límites a la paga de 100 euros mensuales para las madres trabajadoras con hijos menores de tres años. Esta cantidad queda limitada por las cotizaciones sociales devengadas por la trabajadora: las mujeres que perciben rentas del trabajo cuyas cuotas sociales sean nulas o inferiores a 100 euros al mes verán eliminada o reducida su paga. Tampoco percibirán esta paga las mujeres que han debido abandonar el mercado de trabajo, precisamente por la dificultad de compatibilizarlo con la maternidad.

La afirmación de que los contribuyentes con renta hasta 12.000 euros tendrán una reducción de impuestos del 38% falta directamente a la verdad. Para un contribuyente de 12.000 euros la reducción nominal en 2003 será del 11%. Pero otra vez hay que tener en cuenta el aumento de la presión fiscal por la inflación desde 1999. La cuota de IRPF en 2003 será el 18% mayor que la cuota que en 1999 pagó ese contribuyente por una renta equivalente. Si corregimos este aumento por la inflación, como hay que hacer siempre, el aumento real de la cuota respecto a 1999 será sólo del 4%.

Estos son algunos ejemplos sobre las informaciones de Montoro, que, en cambio, no explica otras cosas. Por ejemplo, que la tributación de las ganancias de capital se rebaja, otra vez, del 18% al 15%, y que esto implica que la tributación por trabajo puede llegar a triplicar la tributación por plusvalías.

En fin, con la carta de Montoro el Gobierno nos ha enviado un poco de propaganda partidista, que hemos pagado con nuestros impuestos. Este tipo de derroche no deja de extrañar en alguien como Montoro, tan obsesionado con el déficit cero.

SC.

Germà Bel es profesor de Política Económica en la Universidad de Barcelona y diputado del P