Justicia y confrontación

La reciente sentencia de la Audiencia Nacional en torno la liquidación presupuestaria de 1997 pone en evidencia el trato discriminatorio del Gobierno central con respecto a Andalucía en materia de financiación autonómica y contribuye a despejar el camino al PSOE en este último tramo de la legislatura. De esta forma, a la inoportunidad que para los intereses del PP andaluz ha supuesto la contestada reforma laboral, se une ahora esta resolución judicial que vuelve a ponerles a los pies de los caballos en un pleito en el que siempre han tenido las de perder, dándose, además, con ello un nuevo giro al curso político que ya termina ofreciendo un escenario aún más adverso todavía para sus expectativas electorales.

Una de las conclusiones que se derivan del pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia es que da argumentos a los socialistas para rebatir las insistentes acusaciones de confrontación política lanzadas por el PP contra la Junta. La simple lectura de la sentencia deja bien claro el papel de la Administración autonómica frente a Madrid, ya que se ve obligada a actuar para evitar un atropello en toda regla al mermarse sus ingresos públicos procedentes de las arcas del Estado de manera absolutamente arbitraria.

Esta semana, por tanto, no escapará, sin duda, al debate que surgirá reclamándose desde aquí su inmediato cumplimiento y no tener que esperar al resultado del correspondiente recurso de casación que probablemente presentará el Gobierno central. Ahora que arrecian las críticas del PP hacia el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, por mostrar su radical disconformidad con el decretazo, lo que le ha supuesto incluso que le llamen 'el mayor insumiso del Reino'. Puede que se vuelvan las tornas en su contra y les soliciten a ellos que se apliquen el cuento y hagan valer sus notables influencias en Madrid para que no se alargue más el calvario que están pasando en Andalucía y procuren, de una vez por todas, que se acepte la decisión judicial.

El asunto ha resultado tan goloso para el PSOE que durante el fin de semana que dejamos atrás sólo ha sido Manuel Chaves quien ha hablado de ello para su mejor lucimiento. Terminada esta etapa, lo que viene ahora es una ofensiva en tromba de los dirigentes socialistas y de los miembros de su Gobierno, así como del resto de fuerzas políticas, golpeando en el mismo flanco que presentan sus contrincantes, que no es otro que el desprecio que sistemáticamente han mostrado con respecto a Andalucía, tal y como se comprueba con esta sentencia.

No resulta difícil imaginar que dirían en el PP si el fallo hubiese sido en sentido contrario. Mientras que ahora se aferran a señalar que aún no es firme, un pronunciamiento a su favor habría provocado la petición de dimisión fulminante de todo lo que se mueva desde Manuel Chaves hacia abajo. Puestos a plantear ese mismo ejercicio pero a la contra cabe preguntarse a quién reclamar responsabilidades, si al Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al de Administraciones Públicas, el casi invisible Jesús Posada, al mismo presidente del Gobierno, José María Aznar, o bien al secretario general del PP, Javier Arenas, a quien se le atribuye la autoría directa de la endemoniada estrategia que contra esta tierra se ha desplegado a lo largo de los últimos años y que obedece al elemental principio de 'a Andalucía, ni agua'.

Aún así, no hay que albergar esperanzas de que se vaya a producir rectificación alguna. Ya lo ha avanzado el secretario general de los populares andaluces, Antonio Sanz. Hay que esperar a que la sentencia sea firme. Tiene la legítima ilusión de que se llegue a tumbar en instancias superiores. Pero mientras eso llega, si es que llega, lo más inmediato serán nuevas resoluciones por recursos anteriores planteados en los mismos términos con respecto a las siguientes liquidaciones de los Presupuestos Generales del Estado. Y todo eso, sin olvidar tampoco los recursos presentados en su día ante el Tribunal Constitucional por el no reconocimiento del censo real de población. Una batería de iniciativas judiciales que pueden tener como consecuencia final para los populares andaluces el verse desautorizados continuamente, precisamente, en el momento más inoportuno, a las puertas de nuevas contiendas electorales.