Chaves gana al Gobierno central la primera batalla por la financiación autonómica

La primera palabra de los jueces sobre la guerra que se declaró entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central por el anterior modelo de financiación autonómica es favorable al Ejecutivo andaluz. Una sentencia de la Audiencia Nacional anula una resolución estatal que omitía la liquidación definitiva de los fondos presupuestados para Andalucía en 1997, unos 80 millones de euros. El Ejecutivo central repitió esa omisión hasta 2000, lo que motivó una catarata de recursos de la Junta, que también ha impugnado reiteradamente ante el Tribunal Constitucional ese modelo de financiación.

'Poco a poco las cosas se van poniendo en orden', afirmó el presidente de la Junta, Manuel Chaves, tras desvelar en Jaén el fallo de la Audiencia Nacional, una sentencia que 'justifica la estrategia que el PSOE siguió de acudir a los tribunales cuando consideró que el Gobierno agraviaba a Andalucía', en alusión al enfrentamiento que se inició en 1997 por la negativa de la Junta a firmar un modelo de financiación que creía injusto. De paso, Chaves adelantó que está casi decidido a recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto del Gobierno central sobre la reforma de las prestaciones por desempleo.

La Junta andaluza está convencida de que la sentencia sobre la liquidación de 1997 vinculará a los ejercicios en los que interpuso demandas 'con el mismo fundamento'. En su fallo, los cinco magistrados de la sección sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo atienden la solicitud autonómica: declarar nula una resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda que no incluía la preceptiva liquidación (el 2%) de los fondos previstos para Andalucía en los Presupuestos de 1997.

Según cálculos de la Junta, por esta falta de pago las arcas autonómicas dejaron de ingresar 79 millones de euros (13.145 millones de pesetas) aquel año; el principal argumento del Gobierno central es que no podía 'practicarse la liquidación definitiva' hasta que no se hubiera 'adoptado un modelo de financiación en la Comisión Mixta' Junta-Estado. El Gobierno andaluz, al igual que el extremeño o el de Castilla-La Mancha (todos socialistas) no suscribió el anterior modelo por considerar, entre otras cosas, que el uso de un censo muy antiguo (1988) recortaba sensiblemente sus ingresos.

El Ejecutivo central insistió en ese argumento hasta 2001 -el nuevo modelo de financiación, vigente ya este año, fue suscrito por todas las comunida-des-. La Junta mantiene que ha dejado de ingresar 455 millones de euros (75.000 millones de pesetas) en estos cinco años, en los que no se le ha liquidado el 2% de las cantidades presupuestadas para esos ejercicios, por lo que ha presentado otros tres recursos.

La sentencia recuerda que, para las comunidades que se quedaron fuera del anterior modelo de financiación, los Presupuestos Generales del Estado de 1997 fijaban que el 98% de fondos que reciben todas las autonomías 'a cuenta' se estableciera en esos casos (Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha) con el método del último sistema que firmaron (1992-1996). Para la liquidación definitiva del 2% restante, la ley de Presupuestos preveía que se realizara 'con arreglo al sistema de financiación adoptado, o el que, en su día, se adopte para estas comunidades por acuerdo de su respectiva Comisión Mixta'. Frente a lo que sostiene el Gobierno, los cinco magistrados concluyen que, a falta de acuerdo en Comisión Mixta, ese 2% debía haberse pagado con los criterios del modelo 1992-1996, como el otro 98%.

La sentencia incluye el voto particular de uno de los magistrados, Santiago Soldevilla, que va más allá que sus compañeros. Este juez cree necesario elevar una cuestión de inconstitucionalidad al considerar que el Estado no puede 'dotar de forma unilateral' de un sistema financiero a unas comunidades, en este caso Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha.

Precisamente, la batalla judicial decisiva en este conflicto se dirime en el Tribunal Constitucional, ante el que la Junta ha presentado varios recursos por entender que el sistema de financiación entre 1997 y 2001 era inconstitucional al no ligar los recursos a un censo real. Por esta cuestión, la Junta estima que perdió 1.562 millones. A eso añade que el Gobierno aplicó a estas tres comunidades índices de evolución distintos, menores que al resto, lo que ocasionó un perjuicio a las arcas andaluzas de 2.608 millones. Si se suman las mermas por liquidación (445 millones), lo que la Junta exige en los tribunales es la devolución de 4.630 millones (770.397 millones de pesetas).