El 100% de los inmigrantes facilitó información a la comisión jurídica para buscar una salida a la protesta

La situación administrativa de los encerrados en la Universidad Pablo de Olavide ya no es una incógnita. El 100% de los inmigrantes confiaron sus datos, a excepción de la identidad y el pasaporte, a la comisión jurídica, que preparará este fin de semana un informe para el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, donde figuren las salidas de las que dispone cada inmigrante. El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, recriminó ayer el papel de algunos grupos de la red de apoyo a los encerrados por anteponer sus intereses a los de los propios inmigrantes.

La cifra sobre el número de encerrados en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) desde el pasado 10 de junio varía en cada recuento. El coordinador de la comisión jurídica de la UPO, Andrés Rodríguez Benot, no precisó ayer la cantidad exacta, pero aseguró que superaban la cifra de 434 que habían estado barajando los abogados. El representante de Odite, Decio Machado, había criticado hace unos días a la comisión por difundir información sobre la procedencia geográfica de los inmigrantes al considerar que eso atentaba contra la confidencialidad a la que se había comprometido.

No obstante, Rodríguez Benot aseguró que el 100% de los encerrados habían pasado por las oficinas habilitadas en el campus en las que han trabajado durante esta semana en turno de mañana y tarde una quincena de abogados voluntarios para tratar de desatascar el punto muerto al que había llegado la protesta, tras la negativa de los inmigrantes a facilitar sus datos personales al Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, mientras trató de mediar en el conflicto.

Después de la recogida de datos, la comisión jurídica preparará este fin de semana un informe donde se agrupan a los encerrados atendiendo a la similitud de su situación administrativa y las posibles soluciones que se le plantean. Un colectivo importante ha solicitado permisos de residencia en España sobre los que todavía no tienen respuesta. Su caso es el que despierta menos problemas. 'Hay un grupo que no tiene nada que temer y que podría salir tranquilamente', comentó Rodríguez Benot el miércoles, en alusión a los que están en vías de regularizar su situación.

Con el informe sobre los perfiles administrativos, Chamizo prevé reunirse de nuevo con los representantes de los encerrados la próxima semana, aunque tanto él como la comisión jurídica han advertido de que necesitarán recibir también los datos personales (identidad y pasaporte) para formalizar cualquier trámite ante la Administración. La red de apoyo, que no ha visto con buenos ojos la labor de la comisión jurídica, reclama la constitución de una mesa negociadora en la que pretenden incluir a una persona de la confianza de los inmigrantes, que podría ser un representante de Unicef en Marruecos, Mohamed Srifi.

El papel de algunos colectivos de la red de apoyo sigue siendo muy cuestionado desde las instituciones. Ayer fue el propio presidente de la Junta, Manuel Chaves, que considera que 'se está produciendo una manipulación' de la situación de los inmigrantes por parte de algunos grupos, informa Ginés Donaire. Chaves añadió que esto está contribuyendo a retrasar la solución a la protesta que defiende la oficina del Defensor del Pueblo andaluz. Después de calificar esta situación como 'especialmente grave', el presidente de la Junta censuró que algunos representantes de la red de apoyo pretenden imponer intereses 'que no coinciden con los intereses objetivos de los inmigrantes'. Por su parte, el coordinador regional de IU, Diego Valderas, defendió ayer en Granada la participación de Chamizo en la negociación como 'una garantía' y responsabilizó al Gobierno del encierro por su política en inmigración, informa Europa Press.