'Los italianos que le votaron sabían que era un empresario'

Franco Frattini, de 45 años, ministro de la Función Pública, miembro de Forza Italia, magistrado, es el padre de la ley sobre el conflicto de intereses.

Pregunta. La ley ha sido aprobada sólo con los votos de los partidos que gobiernan; ¿no debería haberse buscado un consenso más amplio?

Respuesta. Sí; habría sido deseable, pero no ha sido posible por un principio de fondo: el principio de la venta forzada, de la expropiación que quería la oposición, que, francamente, todos los constitucionalistas consideran impracticable. El Senado ha realizado 40 correcciones al texto, pero sobre este aspecto no se podía cambiar.

P. Es posible que la izquierda pensara sólo en una ley anti-Berlusconi, pero también se puede objetar a la ley aprobada que ha sido redactada con sumo cuidado para favorecer al primer ministro.

La culpa ha sido de la izquierda por no haber realizado un programa unitario

R. La hemos redactado para resolver el problema de cómo separar la gestión del interés público de la gestión del interés privado. Por eso se trata de impedir que quien posee una empresa y ocupa un cargo público tome decisiones en beneficio de esa empresa. La izquierda quería la venta forzada de la empresa, pero impedir esa venta no quiere decir favorecer los intereses de Berlusconi, sino aplicar la Constitución. En el ordenamiento constitucional no puede haber una norma que diga que las propiedades de todos son intocables menos las de Berlusconi; no se puede hacer. Y hemos introducido la potestad de la autoridad independiente de revocar incluso la concesión televisiva, una sanción que determina el cierre de la empresa.

P. ¿No le parece que es un poco extraño que la ley no considere incompatible para ocupar un cargo de gobierno a quien ostenta la 'mera propiedad' de una empresa y sí a quien tiene un cargo ejecutivo?

R. Sólo es extraño en apariencia. No es una casualidad que la Constitución especifique que la gestión puede ser limitada, pero la propiedad no puede ser expropiada. Yo soy magistrado ahora en excedencia. Si mañana dejo de ser ministro, puedo regresar a la magistratura, pero, si soy propietario y estoy obligado a vender para ser ministro, y en un mercado débil porque habría una especulación tremenda y la empresa sería devorada, pues la pierdo para siempre. La Constitución dice que no se pueden hacer diferencias entre los italianos en lo que respecta al acceso a los cargos públicos.

P. ¿Y cree que la opinión pública entenderá esta ley?

R. Los italianos han votado a Berlusconi pese a una campaña electoral que la izquierda ha hecho gravitar sobre el conflicto de intereses. Lo han hecho sabiendo quién es Berlusconi. Lo votaron en 1994 y no en 1996. Era la misma persona y tenía las mismas televisiones, pero perdió porque la gente juzgó peor nuestro programa de gobierno que el del Olivo. Ahora hemos ganado porque nuestro programa ha convencido al electorado.

P. Las coaliciones eran distintas. En 1996 la Liga se presentó por su cuenta y en 2001 no todo el centro-izquierda estaba unido.

R. Exacto. Entonces la culpa ha sido de la izquierda por no haber realizado un programa unitario. Nosotros hemos hecho el esfuerzo político de recuperar a la Liga; ellos no han hecho el esfuerzo de recuperar a Refundación Comunista. Los italianos han votado por Berlusconi sabiendo que no era un funcionario, sino un empresario. Esta ley, según nuestros sondeos, interesa sólo al 12% de los ciudadanos, porque está claro que a los italianos les interesan los impuestos, la seguridad y el paro, pero es importante porque llena un vacío normativo. ¿Qué es mejor, esta ley o ninguna?

P. La izquierda piensa organizar un referéndum para derogarla.

R. Sí; pero creo que puede representar un bumerán, porque tendrán que decirles a sus electores que aquí hay una ley que es una de las más completas de Europa. Por eso la oposición no ha sido capaz de proponer ninguna legislación extranjera. Preferimos que no haya ninguna.

P. El problema es que Berlusconi no es un empresario cualquiera. Es dueño de tres cadenas de televisión; eso representa un problema adicional.

R. Sí; eso lo comprendo, pero me pregunto si un Estado liberal puede impedir a alguien por cuestiones personales el acceso a cargos públicos. Creo sinceramente que no.