Salamanca: papeles y mentiras

A lo largo del año y medio que han durado los trabajos de la comisión técnica pactada entre el Ministerio de Cultura y la consejería homóloga de la Generalitat de Cataluña para buscar un compromiso acerca de los fondos catalanes conservados en el ya célebre Archivo de Salamanca, los cuatro integrantes de aquélla -los profesores Antonio Morales, Carlos Dardé, Borja de Riquer y un servidor- mantuvimos sobre tan vidrioso asunto un pacto de discreción que pudiese favorecer el hallazgo del consenso. Éste no ha sido al fin posible, pero en cualquier caso la comisión ha finalizado su tarea y todos hemos recuperado, con respecto a los polémicos papeles, nuestra libertad de expresión. Pues bien, me gustaría ejercerla de nuevo con un propósito concreto: salir al paso de la página que, en su sección de Cultura y bajo el título El Archivo de Salamanca, un testimonio histórico sobre la represión y el franquismo, EL PAÍS publicó el pasado lunes; una página de contenido unilateral y sesgado, sin asomo de contraste de opiniones.

Veamos. De creer lo manifestado por don Miguel Ángel Jaramillo -director del Archivo de Salamanca y única fuente de la que se alimenta el texto periodístico-, la noticia sería que el depósito documental helmántico 'ha dado el gran paso hacia su renovación. Ha modernizado de tal forma sus dotaciones que los archivos están disponibles para consultar a través de Internet'. ¿Internet? ¿Cómo, si eso fuese verdad siquiera parcialmente, se explica que, entre febrero de 2001 y junio de 2002, nadie -ni el citado director, ni la Dirección General de Archivos, ni el Ministerio de Cultura- haya informado de ello a la comisión técnica que estaba debatiendo sobre el carácter y la cronología de los documentos conservados en Salamanca? ¿Cómo, si esos registros estaban disponibles on line, puede entenderse que el propio ministerio proporcionase a los comisionados, como único material de trabajo, el 'Inventario de la Sección Político-Social Barcelona' y el 'Inventario de la Sección Político-Social Lérida', trabajosamente elaborados por policías y guardias civiles ¡en 1948!, plagados de errores y precarios hasta lo indecible? Una de dos: o bien eso de Internet es un bulo, o bien se quiso boicotear la labor de la comisión técnica negándole instrumentos de trabajo fundamentales... Dejo a criterio de los lectores escoger, entre las dos interpretaciones, la que les parezca más plausible.

Por otra parte, y dentro de una estrategia general confundidora e intoxicadora, el señor Jaramillo sostiene, en EL PAÍS del 1 de julio, que los equipos franquistas de 'recuperación documental' -léase expolio- que dieron lugar al fondo de Salamanca no se incautaban en 1937-39 de archivos completos, sino sólo de 'documentos previamente seleccionados para aportar información sobre personas', lo cual es falso de raíz. Tales equipos arramblaban con todo, a ojo de buen cubero, incluyendo carteles, libros o aquella bandera catalana que yo vi, en noviembre de 1975, protegiendo todavía del polvo una vieja máquina de escribir. ¿Qué clase de selección previa explicaría la presencia, entre lo incautado, de los papeles de la Unión Republicana de Valls de 1890, del Centro Republicano de Reus desde 1886, del Casino Republicano de Igualada desde 1893, de correspondencia de la Compañía Trasatlántica o de documentos del Fomento del Trabajo Nacional fechados en 1925? ¿Quería tal vez el franquismo exigir responsabilidades políticas con 40 o 50 años de retroactividad? ¿Pensaba acaso meter en el mismo saco represivo a rojos, separatistas, navieros y empresarios de Fomento? ¿O sucede más bien que don Miguel Ángel Jaramillo nos toma por tontos?

Por último, hay entre las explicaciones dadas por el director del Archivo de Salamanca a este diario otra falacia mayúscula, y es la que se publicó en el despiece titulado Un antiguo error convertido hoy en polémica. Según ese texto, el origen del pleito y de la reivindicación catalana estuvo en el error del Ministerio de Cultura, en diciembre de 1982, de agrupar y permitir que archiveros catalanes catalogasen toda la documentación de la Generalitat hasta entonces dispersa y mezclada -como es norma de aquella casa- en el interior de casi 2.000 legajos. Ahí el señor Jaramillo miente por partida doble: primero, porque sabe perfectamente que la reclamación catalana no se circunscribe a los papeles de la Generalitat, sino a todos los producidos en Cataluña, y segundo, porque conoce al detalle que las demandas de devolución de lo expoliado comenzaron a dejarse oír en 1977-78, tomaron estado parlamentario a través de una moción de Antoni de Senillosa en 1979 y no han cesado desde entonces, en todas las legislaturas y por parte de todo el arco político. Eso sí, el cuento de que reunir en un bloque los documentos de la Generalitat fue una equivocación, algo falso y artificial, desvela la que ha sido pieza maestra en la táctica defensiva del archivo desde hace un cuarto de siglo: mantener la caótica mezcla de fondos, la inextricable confusión de procedencias geográficas, institucionales y cronológicas de los papeles, con el grotesco argumento de que es preciso respetar la 'ordenación original', cuando no hubo tal, sino una mera y apresurada acumulación.

En fin, tal como están hoy las cosas, es de temer que los añorados 'papeles de Salamanca' sigan allí por bastante tiempo. Pero no en nombre ni al servicio de ningún proyecto archivístico on line o de criterio científico alguno sino, como dijo en 1995 Gonzalo Torrente Ballester con una franqueza por la que le debemos gratitud, 'por justo derecho de conquista'. Pues bien, siendo así, sería de agradecer que, por lo menos, los conquistadores y sus herederos se ahorrasen y nos ahorrasen el recochineo.