El Plan Nacional de Drogas excluye a grandes municipios de las subvenciones 'antibotellón'

La decisión del Plan Nacional sobre Drogas, dependiente del Ministerio del Interior, de subvencionar sólo programas de prevención de toxicomanías y de alternativas al botellón a las capitales de provincia ha indignado a los grandes municipios de la región. Leganés o Móstoles, por ejemplo, ven injusto este criterio, ya que tienen más población que capitales como Soria o Zamora. Un portavoz del plan, que dedica este año a las ayudas 1,5 millones de euros de bienes decomisados a narcos, alega que el objetivo es que todas las provincias tengan programas preventivos.

José Ángel Isla, secretario de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), reconoce que el criterio de limitar las ayudas para la prevención del alcoholismo y otras toxicomanías a las capitales de provincia no es nuevo. El Plan Nacional sobre Drogas lo lleva aplicando desde 1999. Pero Isla explica que el problema del botellón es cada vez mayor. 'Y eso hace que los consistorios estén ahora más preocupados por conseguir subvenciones para las actividades de ocio alternativo que deben organizar para atajarlo', apunta.

'Nos parece bien que Soria o Segovia reciban ayudas para estos programas, pero no que se queden sin ellas municipios con tanta población y tantos jóvenes como Getafe, Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada o Leganés. El plan podía haber fijado otro sistema, por ejemplo, subvencionar a los ayuntamientos de más de 50.000 o de 100.000 habitantes que presenten proyectos', añade Isla. En Madrid hay 15 localidades de más de 50.000 habitantes y sólo la capital podrá acceder a estas subvenciones.

La Red Municipal de Salud, que agrupa a 31 consistorios madrileños -todos los grandes, salvo el de la capital- ha pedido a la FMM que interceda ante el plan para que modifique el método de adjudicación.

Pero el plan, según sus portavoces, descarta cambiar de sistema. 'Podíamos haber optado por dar las ayudas a los municipios con más habitantes, pero entonces todas se habrían ido a las áreas metropolitanas de Barcelona o Madrid. Preferimos aplicar un criterio de territorialidad, no de población, para lograr que todas las capitales de provincia tengan estos programas de ocio alternativo', justifican. Las mismas fuentes añaden que publicarán en septiembre la orden reguladora de estas ayudas.

Pero este argumento no convence a Isla. 'Fenómenos como las toxicomanías o el botellón son más habituales en las localidades grandes, como las del área metropolitana madrileña', replica, aunque admite que también hay ayuntamientos pequeños con esos problemas.

Estas subvenciones, con cargo al Fondo de Bienes Decomisados a Narcotraficantes, suelen concederse una vez al año, siempre que haya dinero. Los programas que gozan ahora de prioridad para estas ayudas son los dirigidos a prevenir el consumo compulsivo y multitudinario de alcohol (el llamado botellón) entre los jóvenes.

Ocio alternativo

Estos proyectos preventivos, desarrollados ya por numerosos municipios, consisten en actividades de ocio nocturno alternativo para los chavales: polideportivos abiertos de madrugada, talleres diversos (de malabares, de baile, de música...), etcétera.

Los responsables del plan hacen hincapié en que estas ayudas sólo sirven para poner en marcha iniciativas nuevas. 'Nosotros sólo subvencionamos experiencias piloto porque el Fondo de Bienes Decomisados a veces tiene dinero y otras no, por lo que no podemos garantizar la continuidad de los proyectos. El mantenimiento de los programas iniciados con nuestra ayuda compete a las comunidades autónomas, que son las que pueden decidir a a qué municipios dar prioridad', matizan.

El pasado 10 de mayo, José Luis Pérez Ráez, alcalde de Leganés y presidente de la FMM, escribió al delegado del Plan Nacional sobre Drogas, Gonzalo Robles, solicitándole una reunión para abordar este asunto. Pero no ha recibido respuesta.

El Fondo de Bienes Decomisados dispone este año de 7,7 millones de euros. De ellos, 1, 6 se destinarán a los cuerpos encargados de prevenir y reprimir el tráfico de drogas (policía, Guardia Civil, Vigilancia Aduanera, fiscalía...) y el resto a subvencionar programas de prevención de los ayuntamientos (1,5 millones), ONG, comunidades autónomas (2,2 millones) y del propio plan (1,3 millones).