Medio Ambiente mantiene la presa de Huesca pese a la sentencia del Supremo

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, José Vicente Lacasa, y el número dos de Fomento, Benigno Blanco, son partidarios de seguir con la construcción del embalse de Santa Liestra (Huesca) pese a que una sentencia del Tribunal Supremo del 18 de mayo, conocida el lunes, anulaba todo el proceso de expropiación para construirlo. Es la tercera sentencia desfavorable a la presa. Las obras de la presa, proyectada en 1994 para regular el Esera y regar 100.000 hectáreas en Aragón y Cataluña, con capacidad de 80 hectómetros cúbicos y presupuesto de 13.000 millones de pesetas (la mitad a cargo de los regantes), no han comenzado.

La sentencia del Supremo estima el recurso del Ayuntamiento de Santa Liestra y San Quilez contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de octubre de 1998, en el que se declaraba la urgente expropiación y ocupación de los bienes y derechos afectados por el embalse, y anula los acuerdos y resoluciones de la administración hidráulica.

Pese a que la sentencia es inapelable, tanto Lacasa como Blanco aseguraron que es intención de Medio Ambiente seguir con esas obras. Lacasa argumentaba que 'la sentencia no ve mala fe en los acuerdos del Consejo de Ministros. Era una obra de urgente necesidad y por eso se adoptó esa vía. Estamos dispuestos a seguir con ella, rectificando lo que haya que rectificar'.

Bizén Fuster, presidente de Chunta Aragonesista, formación que se ha opuesto al embalse, recordaba que otra sentencia de la Audiencia Nacional, de diciembre de 2001, invalida todo el proceso de construcción del pantano por las irregularidades cometidas. A esta sentencia, recurrida, hay que añadir la denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente por la que se abrió juicio oral contra ocho altos cargos de Medio Ambiente, entre ellos Blanco, ex secretario de Estado del ministerio, por prevaricación, en concurso con un delito de riesgo catastrófico y falsedad en documento público.

Javier Mur, alcalde de Santa Liestra, afirmó que responsables del ministerio, 'haciendo caso omiso de los informes geológicos desfavorables, obligaron al Consejo de Ministros a declarar la urgente ocupación de las tierras'.