El carné de la discordia

El Reino Unido sufre una crisis de identidad: el país entero se ha despertado este lunes discutiendo sobre las ventajas, pero sobre todo los inconvenientes, de implantar el documento nacional de identidad obligatorio. Los británicos están muy orgullosos de ser especiales también en esto, en que no necesitan llevar un DNI cuando salen a la calle.

Pero el halcón David Blunkett, el ministro del Interior de Tony Blair, parece empeñado en acabar con ese mito.

Blunkett lanzará esta semana un gran debate nacional sobre la conveniencia de introducir o no el DNI obligatorio. Siguiendo la regla de oro de este Gobierno de jugar con las palabras para confundir al público, no le llaman DNI, sino 'carta de acreditación'. El polémico documento contendría la fotografía, huella dactilar y diversa información personal del titular, como el nombre y la dirección. Un chip permitiría introducir y acumular en los ordenadores de Interior información adicional.

74 diputados de todo el arco parlamentario han firmado ya una moción contra la iniciativa

El Gobierno, que ya ha decidido introducir ese DNI para controlar a los refugiados, quiere debatir ahora la conveniencia de extenderlo también a los británicos. Y apela a una ensalada de luchas pendientes: el terrorismo, el fraude fiscal, el abuso en la percepción de ayudas públicas, la economía sumergida. Como si el DNI hubiera acabado con el terrorismo en España, la economía sumergida en Italia o la entrada de ilegales en Alemania y Francia.

Gran Bretaña implantó el DNI durante la II Guerra Mundial para identificar a los paracaidistas alemanes que intentaban infiltrarse entre la población civil. Pero si su eficacia fue discutible durante la guerra -un millón y medio de británicos lo perdieron en el primer año de su implantación-, al acabar el conflicto bélico el DNI se convirtió en un problema porque contribuyó a deteriorar las relaciones entre la policía y los ciudadanos. En 1952 fue abolido.

Los enemigos del DNI denuncian que obligar a los ciudadanos a llevarlo consigo y permitir a la policía que pueda pedirlo a cualquier sospechoso abrirá la caza de supuestos ilegales o delincuentes y provocará un rosario de incidentes gratuitos entre la policía y las minorías étnicas. El Gobierno contesta que el DNI sería obligatorio tenerlo, pero no el llevarlo encima. A lo que los críticos responden que para qué lo quieren entonces.

El proyecto de Blunkett ha provocado una marea de airadas protestas. Setenta y cuatro diputados de todo el arco parlamentario han firmado ya una moción en contra presentada por el conservador Peter Lilley, ministro de la Seguridad Social en tiempos de John Major, que ya en 1995 se opuso a un proyecto similar de su Gobierno. 'El atractivo de la propuesta es obvio', escribía Lilley el pasado domingo en The Observer: 'Combina dos de los ingredientes esenciales del Nuevo Laborismo: populismo y modernidad'. 'Los conservadores que votaron laborista se van a sentir atraídos por algo que les suena a una manera sencilla de controlar a los inmigrantes ilegales, los criminales y quienes defraudan contra el Estado de bienestar'.

'Para la policía, el problema no es establecer la identidad de un sospechoso, sino obtener pruebas que le vinculen al crimen', afirma Sarah Spencer, directora de Ciudadanía del IPPR, un grupo de opinión vinculado a la izquierda. 'Fundamentalmente, los carnés de identidad sirven para fomentar la intrusión, no la inclusión', denuncia Alan Simpson, diputado laborista. 'La característica que define a los conservadores es su fe en los derechos individuales para vivir su vida sin interferencias innecesarias del Estado. Un verdadero conservador ve al Estado como sirviente, no como amo', proclama a su vez el conservador Steve Norris a título personal.

'No hay ninguna prueba de que el DNI vaya a ayudar en la lucha contra el terrorismo', ha advertido Mark Littlewood, director de campaña de los activistas civiles Liberty. 'No en vano 16 de los 19 terroristas acusados vivían legalmente en EE UU. Han llevado vidas irreprochables hasta el 11 de septiembre. El DNI no hubiera permitido detenerles porque hasta que no secuestraron los aviones no había razón para ello', recuerda Stephen Pollard, del instituto de estudios civiles Civitas.